Sé que muchos españoles  tienen el corazón partío entre los programas viscerales de la televisión folklórica, las obras de accesibilidad a los ministerios, la lesión de no sé quién en no sé dónde y la propensión a que la siesta se prolongue varias horas con el fin de escaparse con eficacia de esas otras preocupaciones.

A mí, lo que no me deja prolongar la siesta es esa idea peregrina de aplicar impuestos a empresas de alta tecnología de las que nos valemos para comunicarnos, entre otras futilidades. En primer lugar, no entiendo por qué lo llaman tasa, cuando quieren decir impuesto. Y para más inri, le ponen el nombre de una sola de esas empresas. No dejo de oír hablar de la tasa Google.

A pesar de mi celo profesional probado en mil batallas, no he encontrado fiscalista solvente que me pueda explicar cuál es el hecho imponible que se pretende gravar. Para empezar, como decía, no sé si es una tasa, porque ignoro qué prestación hace la administración a esa (esas) empresa, para exigirle una contraprestación económica. Si de lo que se trata es de un impuesto, no sé cómo se hace un impuesto extraterritorial, ni cómo se calcula, ni cómo se puede uno acoger a beneficios fiscales, inherentes a todo contribuyente.

Espero que alguien salga de la modorra político-estival y me lo cuente.

Otra de mis preocupaciones tiene que ver con sentencias judiciales, esta vez referidas a la aplicación de sanciones en la zona de Madrid Central. Mi perplejidad viene de que la misma moratoria de sanciones que ha aplicado el Ayuntamiento con tan poco tacto y tan poco estudio es la que aplicó la anterior Corporación con la puesta en marcha de la misma. Empezó a regir, pero el sistema de sanciones no se aplicó hasta unos meses después. ¿Por qué el equipo de Manuela Carmena pudo hacer la moratoria ex ante y el de Almeida no lo puede hacer ex post ? Siempre me ha llamado la atención que las leyes de la izquierda sean irreversibles, aunque sea una autoridad con la misma legitimidad la que propone el cambio o la derogación. Pero cuando la situación es la contraria, por ejemplo la tímida reforma laboral de 2012, esté plenamente justificado modificarla o derogarla.

Y para concluir esta pavana desarticulada (una expresión pretendidamente interesante para lo que en el periodismo antiguo llamábamos Miscelánea y nos quedábamos tan campantes) me acojo a carajal europeo y a la llegada del disruptivo (adjetivo de moda donde los haya)  Boris Johnson  a la presidencia del Gobierno británico, merced a unos pocos miles de votos de los militantes de su partido, en desprecio del ejemplar sistema electoral británico. Con la insalvable diferencia de que su predecesora, Teresa May convocó elecciones y el antiguo alcalde de Londres no parece por la labor. ¿Se puede gobernar una gran potencia con un puñado de votos? ¿Se debe?

Sé que terminar un artículo con un interrogante es colaborar a la mayor confusión del lector. Les confieso que de eso se trata.