Intuir el mañana pasa por la Formación

25/07/2019

Francisco Javier López Martín.

Pudiera parecer que este artículo se dirige a los políticos del país, que se mueven como personajes desnortados en una comedia que va adquiriendo tientes dramáticos. Pero no. Justo después del segundo fracaso de Pedro Sánchez en dos días, mientras nuestra clase política se embarca en unas cosas que llaman relatos y bandas, yo sigo dándole vueltas a la Formación.

La Formación Profesional se encuentra en el centro de la encrucijada sobre nuestro futuro, no sólo como país, sino como miembros de la Unión Europea. Nuestro pasado, los cambios tecnológicos acelerados, el modelo económico, las expectativas empresariales y las de las personas deberán ser tomadas muy en cuenta para encontrar las respuestas y adoptar las decisiones más adecuadas.

En España la Formación Profesional (FP) ha sido considerada tradicionalmente como una opción educativa marginal y devaluada. Según esa visión, quien puede debe ir a la universidad, quien puede menos debe optar por un Ciclo de Formación Profesional y los fracasados deben ir directamente a buscar empleos de baja cualificación.

Las altas y estructurales tasas de paro en España, que duplican la media de la Unión Europea y sólo son superadas por Grecia, han determinado que la Formación Profesional para el Empleo (FPE) se haya constituido como un sistema paralelo, vinculado al Ministerio de Empleo y separado del Ministerio de Educación.

Un denominado subsistema de FPE, que funciona al margen de los criterios educativos y que ha sido utilizado como un instrumento para intentar ajustar aceleradamente las competencias de los empleados a las nuevas necesidades, o de los desempleados, a las nuevas oportunidades de empleo. Ni aún por esas el empleo ha mejorado.

Una red paralela de formación surgida al calor de los recursos de la cuota de formación, equivalentes al 0´7 por ciento del salario de cada trabajador, o trabajadora. Miles de millones de euros dedicados cada año a la formación, de los que no se beneficiaban ni las universidades, ni los centros públicos de FP, ni los Centros de Educación de Personas Adultas.

Esa es nuestra historia, la que ha determinado los escándalos en la utilización de recursos públicos, pese a los exhaustivos controles que nunca fueron capaces de cortar de raíz las irregularidades, cuando no los actos delictivos de quienes entendieron la formación como oportunidad de negocio. Un sistema privatizado desde sus inicios, sin participación de los centros educativos públicos.

Continuar con ésta lógica, sin introducir cambios profundos, en un mundo de automatización y digitalización, sólo conseguirá polarizar aún más a los trabajadores, entre quienes desempeñan puestos que requieren alta cualificación y aquellos otros que son condenados a trabajos poco atractivos y de menor cualificación, para los cuales se requiere mínima formación.

La formación no crea empleo, pero facilita la empleabilidad. O lo que es lo mismo, a mayor formación existen más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. Por eso es urgente acabar con la fractura entre Formación Profesional y Formación para el Empleo, para construir un nuevo sistema formativo capaz de atender a las personas a lo largo de toda la vida, pensando en las necesidades de las empresas, pero prestando atención al derecho de toda persona a una formación a lo largo de toda la vida.

Los cambios seguirán sucediéndose de forma acelerada. Tendrán ventaja aquellos países que sepan gobernarlos desarrollando su capacidad de intuir por dónde vendrán y qué cualificaciones requerirán. Aquellos que fomenten el aprendizaje en contacto con la realidad laboral y desarrollen mecanismos de comunicación entre las empresas y los centros de Formación Profesional.

Los itinerarios formativos deberán flexibilizarse, desarrollar competencias transversales, facilitando el paso ágil de la formación al empleo y del desempeño de unas competencias laborales al aprendizaje de otras nuevas. Las fronteras entre formación inicial y formación permanente deberían irse difuminando, estableciendo canales y pasarelas de comunicación entre la experiencia laboral, la Formación Profesional reglada, o no reglada y los distintos niveles educativos, incluida la universidad.

En cualquier caso, la Formación Profesional, en una sociedad democrática, tiene una función de capacitar para el desempeño de una profesión y el desarrollo de experiencias laborales concretas. Pero, por encima de ello, la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de participar activamente en el desarrollo personal y de la sociedad en la que viven debería convertirse en un objetivo imprescindible de cuantos quieren abordar los retos del futuro económico y social en cualquier país libre y democrático.

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