La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que imponga una fianza de 500.000 euros para el que fuera jefe del Área de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA y actual consejero delegado de Distrito Castellana Norte (Operacióbn Chamartín, en la que el banco participa), Antonio Béjar para eludir la prisión.

Béjar ha vuelto a declarar como investigado (imputado) en el caso Villarejo ante el juez, que le ha interrogado sobre la supuesta destrucción de documentación sobre los contratos entre el polémico comisario jubilado (actualmente en prisión preventiva) y el BBVA.

Béjar ha asegurado que quiere colaborar con la instrucción, por lo que ha trasladado al juez García Castellón su intención de seguir declarando la semana que viene para aclarar toda su implicación en este asunto.

Aún así, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al término de la declaración que se fijen medidas cautelares contra el exdirectivo, como la libertad provisional bajo fianza de 500.000 euros

Béjar ya declaró como investigado el 4 de julio, cuando reconoció que la empresa Cenyt estuvo contratada como proveedora de este departamento del BBVA entre los años 2010 y 2013 para localizar morosos. Pero afirmó desconocer que la sociedad fuese propiedad de Villarejo, al que no conocía personalmente a Villarejo ni nunca habló con él mientras trabajó en el BBVA. Asimismo, recalcó que durante este tiempo que trabajó para la entidad financiera siempre actuó conforme a las normas legales y a los códigos internos del banco, que a su vez se ajustaban a una estricta legalidad.

El juez de la Audiencia Nacional investiga dentro del caso Tándem los servicios de espionaje encargados al grupo empresarial de Villarejo a partir de 2004 por parte del banco para frenar el desembarco de Sacyr en el Consejo de Administración de BBVA., entre otros servicios que incluyen supuestamente espionaje a altos cargos de La Moncloa, políticos, empresarios, supervisores, periodistas y otros. Según la investigación, el excomisario habría percibido durante 13 años una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Por todo ello, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor que impute como persona jurídica al BBVA por los presuntos de cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares, decisión que aún está pendiente de conocerse.