El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado imputar como persona jurídica al BBVA por los presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios relacionado con la una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acepta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción de investigar si el banco encargó el espionaje a diferentes personas contratando los servicios de Cenyt, grupo empresarial del comisario, con el objetivo de impedir la entrada de la constructora Sacyr en el consejo de administración de la entidad.

Esta investigación se enmarca en la novena pieza del ‘caso Tándem’, relativa con los trabajos desempeñados por el policía, que se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017, durante 13 años a cambio de una cantidad estimada en unos 10 millones de euros.

Según el escrito de Anticorrupción, que fue presentado ante el juez instructor el 24 de julio, el BBVA, presidido por Francisco González contrató al entramado empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo para el desarrollo de servicios de inteligencia, «de naturaleza patrimonial y carácter ilícito», además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones o documentación bancaria que supusieron «múltiples» vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas.

La Fiscalía afirma que del análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA se acredita que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

Alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones.

Por todo ello, y con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas, descarta que por el momento que la entidad financiera pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, algo que el juez García Castellón comparte, por lo que rechaza que el BBVA pueda personarse en la causa como acusación particular.

Una causa compleja

Esta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja y ha ido creciendo a medida que ha avanzado el trabajo de los investigadores, ya que Cenyt ha trabajado para el BBVA desde el año 2004.

La parte más conocida es la denominada ‘operación Trampa’, el despliegue que habría orquestado Villarejo para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el consejo de administración del BBVA, y que incluye supuestamente la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián; personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

En la pieza ya hay varios imputados, entre ellos ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano –también excomisario de la Policía–, a quien el juez dejó el libertad bajo fianza de 300.000 euros el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González. Se trata de la sustituta de Corrochano, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar, cesado por el banco como presidente de Desarrollo Castellana Norte tras la petición de 500.000 euros de fianza (posteriormente retirada por la Fiscalía), el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, el exdirector de Finanzas, Javier Malagón, que sigue vinculado al banco.

CCOO exige explicaciones

Ante la imputación del BBVA, el sindicato CCOO considera «imprescindible» finalizar la investigación y proceso de auditoría interna, «apartando de ella a todas las personas que puedan verse involucradas en el proceso de investigación judicial», «mostrar la máxima colaboración con la justicia aportando cuanto antes los resultados que se hayan extraído y se vayan extrayendo de dicho proceso interno», y «resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente».

«La plantilla del BBVA se merece no solo una explicación convincente, sino también certidumbre, transparencia y respaldo, con arreglo al grado de profesionalidad y esfuerzo que viene desarrollando a lo largo de toda su trayectoria», subraya el sindicato.

Respuesta del BBVA

El presidente del BBVA, Carlos Torres, recuerda que «la condición de investigado no implica, en esta fase preliminar del procedimiento, la acusación formal por ningún delito». Y que el banco «ha venido aportando información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación ‘forensic’ encargada a Garrigues, Uría Menéndez y PwC».

«Tanto el escrito de la Fiscalía como el auto del Juzgado de hoy citan lacolaboración activa de BBVA en la causa», resalta