El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019.

El vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y conseller de Economía, Pere Aragonès
Lo ha dicho al inicio de su comparecencia parlamentaria para dar cuenta del cierre de caja de la Generalitat a primeros de agosto y el recorte del 6% del gasto de empresas públicas.
«Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Catalunya y que están reteniendo de forma irregular a nuestro juicio», ha dicho.
Hacienda: hace falta un Gobierno que no esté en funciones
Así, según han señalado a Europa Press fuentes del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero, esta necesidad se plasmó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que la titular de Hacienda llevó al Congreso y que fueron rechazados en la Cámara Baja, precisamente con el voto en contra de ERC y PDeCAT.
«La postura es la misma, anuncie lo que anuncie la Generalitat. El Gobierno entiende que hay que actualizar las entregas a cuenta y así lo incluyeron los Presupuestos, pero para eso hace falta que haya Gobierno», han señalado estas fuentes.
Todo ello después de que el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, anunciara este miércoles su decisión de llevar al Gobierno central ante los tribunales por el impago de adelantos de 2019, invitando al resto de comunidades a sumarse a esta demanda.
La Generalitat reclama el pago de 874 millones en concepto de adelantos pendientes de pago a la Administración autonómica pues, ha criticado, «el Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación de 2019».
Desde Hacienda han recordado que la liquidación pendiente del IVA, fruto de un cambio normativo desarrollado bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, «también se arreglaba en los Presupuestos» ya que, han recordado estas fuentes, se contabilizaba en los ingresos autonómicos un mes adicional pese a que «hubo mucha burla».

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