La incertidumbre política, con el Gobierno en funciones -situación que puede extenderse durante meses si se repiten las elecciones-, pesa con una fuerza especial en las compañías energéticas. Las decisiones más relevantes deberán esperar a contar con un Ejecutivo con capacidad para llevar al Parlamento medidas legislativas, que, entre otros temas pendientes, desarrollen el Plan Nacional contra el Cambio Climático.

Si bien otras cuestiones van a estar presentes en las mesas de negociación en los próximos días, aunque no se puedan tomar medidas con carácter ejecutivo. Queda por conocer la posición oficial de la titular del ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, respecto a las polémicas propuestas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la retribución de las redes eléctricas y gasistas.

Y, que podría mover o intentar modificar en caso que disienta, es decir, si asume parte de los argumentos que indican que las reducciones que defiende el organismo que preside José María Marín Quemada ponen en riesgo planes de inversión que los sistemas necesitan. Incluso puede quedar en el aire la salida este mes de varios consejeros de esta entidad, al cumplirse seis años en sus puestos -incluido el presidente-, va a poder producirse o entrarán también en una etapa provisional.

En este complejo panorama, Teresa Ribera intenta sacar medidas que reduzcan los riesgos que conlleva el fin de la aplicación de normativas sin que se aprueben otras que las sustituyan. Las energías renovables forman parte de ese colectivo que puede quedarse sin un marco que fije las reglas de su actividad: en 2020 precisan de un nuevo sistema de retribución.

Fuentes consultadas subrayan que los contactos entre los representantes de las empresas con el ministerio se han mantenido este verano, dada la urgencia para encontrar una solución, aunque sea provisional. En estas reuniones se ha puesto de manifiesto que no hay tiempo para tramitar una norma que sustituya la vigente, que regule y que fije la remuneración. En este escenario parece que se impone la prórroga del actual sistema, que ha quedado en el 7,4%, y que se estableció en base al rendimiento de los bonos a 10 años más 300 puntos básicos. No obstante el rendimiento de estos activos ha bajado y pide influir en la tasa.