Resulta cuando menos llamativo reparar en lo mucho que ha cambiado la sociedad contemporánea en tan sólo un siglo, en ámbitos como el trabajo, el urbanismo, las comunicaciones, los deportes, la energía, la alimentación o el transporte. Sin embargo, no menos sorprendente resulta observar que hay un ámbito que permanece, a grandes rasgos, bastante impermeable a las grandes y recientes transformaciones mundiales y sociales, por estar constreñida a unas estructuras formalistas y organizativas cada vez más desfasadas y anquilosadas. Nos referimos a la educación, al actual sistema de enseñanza y aprendizaje.

En muchos países del mundo, incluso a pesar de su alto desarrollo, como España, se sigue perdiendo talento y oportunidades a raudales por la deficiente gestión administrativa del sistema educativo y científico, al mismo tiempo que esta dinámica agudiza brechas sociales con respecto a entornos internacionales que han sabido hacerlo mejor durante mucho tiempo. Esta circunstancia —que parece imperceptible excepto para quién haya salido de la burbuja educativa española por un tiempo — acabará sin duda repercutiendo en el desempeño económico del país en un futuro no muy lejano, y en su modelo social y de bienestar. Si no hacemos nada para cambiarlo y sólo nos limitamos a reaccionar espasmódicamente cuando los cambios se hacen improrrogables, acabaremos preguntándonos más pronto que tarde por qué se difuminaron las fuentes de riqueza que creíamos estables y sólidas y por qué persiste la falta de oportunidades profesionales de nuestros jóvenes, abocados a la precariedad o a la emigración económica, sobre todo aquellos cuyos talentos sean más valorados en otros países (y también mejor remunerados).

Un solo dato puede servir para contextuar esta dramática realidad. España ha registrado una tasa de paro de menores de 25 años del 32,4% en junio de este año, lo que hace que sea la segunda más alta de los países de la Unión Europea, solo superado por Grecia, según los datos de Eurostat. Algo se debe estar haciendo muy mal para que el sistema educativo no forme eficazmente a los jóvenes en la nueva economía, en el nuevo entorno socioeconómico mundial y digital que les ha tocado vivir. Adicionalmente, en 2018, el 27,7% de los titulados (de un total de 233.626) que finalizaron sus estudios en 2014 no tiene empleo. Así se desprende del informe Inserción laboral de los egresados universitarios presentado hace un mes por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A ese dato se suma otro igualmente alarmante: España es uno de los países de la Unión Europea donde los licenciados desempeñan en mayor medida trabajos de baja cualificación, un 37,1% frente al 23,2% de media europea, según un informe de la Fundación CYD de 2017.

Fuga de talento
Por otra parte, la fuga de cerebros es probablemente la mayor amenaza que pende sobre la economía española, por la falta de habilidad de nuestros gestores públicos en crear un ecosistema atractivo de incentivos para retener a los mejores estudiantes, doctorandos e investigadores. En una reciente entrevista en la prensa, José López Barneo, prestigioso médico y catedrático, afirmaba al respecto: “La fuga de cerebros y la pérdida de capital humano bien formado es una sangría que pagaremos muy cara. (…) En España ha habido una falta de interés por las ciencias. Ha habido picos y en algunos momentos sí se ha tomado interés, pero con la crisis ha sido un desastre. Mientras en otros países se ha incrementado el porcentaje de I+D+i, como en Alemania, en España ha bajado estrepitosamente (…). El campus médico de Boston cuenta con decenas y decenas de institutos de investigación. Allí se produce más ciencia que en toda España junta y no estoy exagerando. Son instituciones muy grandes de miles y miles de investigadores con una financiación muy alta”.

Por todo lo anterior, no es de extrañar que los políticos, del signo que sean, no aborden el profundo problema con el rigor, profundidad y objetividad que requiere. Porque al examinar sus causas estructurales quedan retratados por su histórica ineficacia e incompetencia para atraer y retener talento creando las condiciones educativas y socioeconómicas necesarias para mejorar la formación e incentivar la ciencia y la investigación en nuestro país. Ahora bien, el problema de la educación y de la investigación científica en España no sólo constituye una cuestión técnica o de falta de medios económicos. De hecho, las partidas presupuestarias en educación son considerablemente cuantiosas. A lo que hay que atender es realmente al modo y actitud con los que se usan estos recursos públicos. Cómo se destina y fiscaliza el gasto. El mero hecho de concebir a la educación como un sistema o proceso administrativo y burocrático conforma parte del propio problema. La educación y la ciencia tratan sobre todo de personas, y por tanto de estímulos, actitudes e incentivos. Hay una dimensión emocional que las estructuras y organizaciones tienen que saber cuidar.

Educar es una tarea social
A este respecto conviene recordar lo obvio. La juventud es posiblemente la etapa más preciosa y delicada de la vida, en la que una persona va descubriendo sus capacidades físicas, intelectuales y anímicas. Capacidades y potencialidades que con ayuda de un entorno favorecedor y estimulante la persona podrá ir desplegando hasta alcanzar una cierta maduración con la que incorporarse plenamente a la sociedad y servirla posteriormente a través de unas actividades profesionales que redunden en un bienestar propio y familiar —con los que alcanzar sus fines vitales— pero también un bienestar colectivo, contribuyendo a satisfacer las necesidades de sus conciudadanos. Es por eso que la educación es un medio determinante para la sociabilización de las personas y para la construcción de la política, tarea siempre pendiente, porque la polis nunca es una obra acabada. Nos vamos haciendo en sociedad, compartiendo experiencias, desafíos y problemas. La educación, en consecuencia, es algo muy serio como para dejarlo exclusivamente en manos de políticos, administradores públicos y pedagogos; nos concierne a todos, comenzando por las familias de los estudiantes.

Los fallos de la sociedad son en buena medida imputables a su modelo o sistema de educación. Si una sociedad presenta fallos de convivencia, insolidaridad, incomunicación, insensibilidad o inseguridad de diversa índole, como los que comienza a experimentar España (8,5 millones de personas, el 18,4% de la población, se encuentra en riesgo de exclusión social según un informe de la Fundación Foessa), es en gran parte debido a que su sistema educativo no está funcionando bien, al presentar situaciones de fracaso y abandono escolar, dificultades de integración, faltas de civismo en el aula y fuera de ella, graves déficits de comprensión lectora y uso del lenguaje, desautorización del profesorado, etc. La vida social es dependiente de la vida educativa, para bien y para mal, y si el sistema educativo está deficientemente gestionado, y en general, inadecuadamente planteado, tanto en medios como en fines, sus fallos repercuten a toda la sociedad.

Debemos ser conscientes de que hay que cambiar la educación si queremos una sociedad próspera, justa y pacífica. Y parte del problema no radica únicamente en la falta de algunos medios materiales (que también), sino en cuestiones derivadas de la falta de incentivos para reorganizar y motivar a sus protagonistas, un elemento intangible que requiere sobre todo de un cambio actitudinal y axiológico. La política educativa tan errática que hemos padecido en España, con su ineficiente y desigualitaria descentralización autonómica, parece además tener como común denominador el ser incapaz de ir al núcleo esencial de los problemas, que no son solamente de verificación y cuantificación del sistema en base a parámetros de evaluación e indicadores de calidad, o mediante la reformulación de exámenes y pruebas finales. Tenemos la obligación de exigir a nuestros representantes que planteen una verdadera revolución educativa para poner a España al nivel de los países de nuestro entorno y de esa forma impulsar a la sociedad con confianza en el futuro.

 

Pablo Sanz Bayón es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE (en Twitter, @UCOMILLAS). Doctor en Derecho, actualmente está involucrado en proyectos de investigación relativos a las nuevas tecnologías financieras, las FinTech, y su regulación.