El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por la presunta financiación irregular del PP regional, investigación que se enmarca en el ‘caso Púnica’.

Este macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid se investiga desde febrero de 2014. El magistrado considera que Aguirre ejercía la «supervisión» de la caja B del PP en esa autonomía. Cifuentes está imputada por la adjudicación irregular de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández.

Las imputaciones fueron solicitadas hace un mes por la Fiscalía Anticorrupción en un informe en el que solicitaba al magistrado la reordenación de la causa, que acumulaba 16 piezas, que han quedado concentradas en un total de 11.

El juez amplía las imputaciones a los exconsejeros madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, dentro de un listado de en torno a 40 altos funcionarios, responsables políticos y directivos de empresas, entre los que se encuentra el expresidente de Indra Javier Monzón, actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa.

El magistrado afirma que Indra se convirtió con la «participación activa» de Monzón, del consejero Javier de Andrés y del directivo Santiago Roura, en «en instrumento de desvío de los fondos públicos de Informática de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP de la Comunidad y de otras deudas del partido o de sus dirigentes». «Su presidente, Francisco Javier Monzón de Cáceres, y los directivos Javier de Andrés González y José Vicente Gil Ortega García intervendrían directamente en muchas de las decisiones de la realización de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del Partido Popular», añade el juez.

Según el auto de imputación, «la investigación arroja indicios racionales» de que Aguirre «sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». Y añade: «Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta». «La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre», añade el juez.

También hay indicios de un plan «para que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008». En ese plan estaban implicados Beltrán Gutiérrez, entonces gerente, y los exconsejeros Ignacio González y Francisco Granados. «De las actuaciones se desprende que Esperanza Aguirre se habría apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros», escribe el magistrado.

El entonces vicepresidente regional y después sucesor de Aguirre, Ignacio González, está también imputado en el caso Lezo.

En esas reuniones para financiar ilegalmente al PP de Madrid participaron también el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo —actualmente en prisión condenado por el caso Gürtel— y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, así como la responsable de Comunicación de la Comunidad, Isabel Gallego, y el empresario argentino Daniel Horacio Mercado.