El líder de la UGT, Pepe Álvarez, ha elevado hoy la presión sobre el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez. El sindicalista, que ha tildado de “insoportable” la situación política actual, ha marcado al socialista nuevas líneas rojas de un territorio que coincide más con el ideario de Unidas-Podemos – el compañero de viaje rechazado por Sánchez –, que con el de algunos de los miembros del gabinete del socialista, por ejemplo la ministra de economía en funciones, Nadia Calviño.

Para Álvarez, el aspirante a revalidar la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, debería formar gabinete cuanto antes. Y aunque el sindicalista no se ha decantado por ninguna fórmula concreta, no ha ocultado en cambio sus preferencias por algunas medidas incluidas en el programa defendido por el ala izquierda del Congreso, donde se sientan los diputados de Unidas-Podemos.

Así el ‘ugetista’ ha advertido a Sánchez que, en caso de que consiga gobernar, no cuenten con su sindicato para redactar el nuevo Estatuto de los Trabajadores (el Estatuto del siglo XXI, según lo publicitan los socialistas) si no derogan antes la reforma laboral aprobada por el PP en 2012.

Una petición que choca de plano contra los postulados defendidos por la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y cuyo fondo provocó ya en el pasado reciente numerosas fricciones entre los socialistas y los representantes de los trabajadores.

CCOO llegó a anunciar la derogación

De hecho, en diciembre, la otra gran central sindical, Comisiones Obreras (CCOO), llegó a anunciar que el Gobierno se disponía a derogar los aspectos centrales de la mencionada reforma laboral; algo que finalmente no se produjo.

Una derogación ansiada por los sindicatos y que afecta a las reglas del juego de la negociación entre patronos y trabajadores, como en el caso de la prórroga indefinida y automática del convenio colectivo – la llamada ultraactividad: abolida por la reforma del 2012, y cuya vuelta defienden los sindicatos–; pero también a asuntos como el valor supremo del convenio de sector sobre el de empresa, trastocado por la reforma del 2012, fomentando la actividad de las llamadas empresas multiservicios (las que emplean a las ‘kellys’ por ejemplo en los hoteles), y a la consiguiente devaluación salarial.

Medidas muy técnicas cuya abolición el PSOE dejó aparcada en la pasada legislatura, no solo por la oposición de la titular de Economía, Nadia Calviño, responsable de explicar en Bruselas la acción de Gobierno, sino también por la adopción de políticas más llamativas y fácilmente comprensibles, como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros.

“Necesitamos un Ejecutivo fuerte con un programa de Gobierno comprometido con los ciudadanos”, ha dicho hoy el líder de UGT, Pepe Álvarez. “No vamos a renunciar a que antes del 23 de septiembre se pueda constituir un Gobierno y pueda haber una mayoría política”, ha insistido.