Un órdago de 370 medidas contenidas en un documento de 76 páginas, la Propuesta abierta para un programa común progresista. Es el argumento, una «propuesta abierta» con la «voluntad de tender la mano y tejer una red de confianza con quienes comparten la necesidad de seguir avanzando»,  que el presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ofrece para mantenerse en el Gobierno y evitar nuevas elecciones. En caso de que éstas tengan que celebrarse, porque Pedro Sánchez no logre sacar adelante su investidura antes del 23 de septiembre, la Propuesta sirve como programa electoral del PSOE.

Pedro Sánchez ofrece desmontar la reforma laboral del PP, blindar las subidas de las pensiones en la Constitución, y subir impuestos, con un tipo impositivo mínimo del 18% para la banca y las eléctricas, estudiar «nuevas opciones de carácter normativo» para limitar las subidas abusivas del alquiler de la vivienda en España.

También ofrece modificar el sistema de financiación autonómica y «mejorar la colaboración institucional entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución», pero dejando muy claro que «no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el Tribunal Constitucional ha considerado contrario a la Constitución y que, desde una perspectiva política, provoca la quiebra de la sociedad».

Empleo: La Propuesta contempla la elaboración de un Estatuto de los Trabajadores que incluya la revisión de las causas del despido objetivo y un mayor equilibrio en la relación entre sindicatos y empresas. Y se compromete a revisar «con carácter de urgencia» los aspectos más lesivos de la reforma laboral.

Pensiones: Eliminación definitiva de la reforma de pensiones del PP.

Salario mínimo: subirá hasta el 60% del salario medio, lo que contrasta con la propuesta de Podemos de un aumento hasta los 1.200 euros en 2021).

Impuestos. Contempla una tasa Tobin (que gravará con un 0,2% las transacciones financieras); un tipo mínimo del Impuesto de sociedades del 15% para las grandes empresas (18% para los bancos y las eléctricas); limitar las exenciones sobre los dividendos; más control de las sicav; mejorar la fiscalidad de las pymes; un impuesto sobre el dióxido de carbono; más impuestos verdes; reducir el IVA a los servicios veterinarios, y una tasa sobre los servicios digitales.

Vivienda. Creará un gran parque de alquiler público de viviendas a precio asequible, desarrollará medidas que impulsen la actividad de los promotores públicos y de las cooperativas. Una Ley de Vivienda impulsará nuevas figuras para lograr viviendas a un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso, o el cohousing, con medidas específicas de ayuda al alojamiento para colectivos con necesidades urgentes. También se impulsará el índice estatal de rentas de referencia y se fomentará un alquiler social para personas que no dispongan de otras alternativas.

Medidas sociales. Destaca el aumento del gasto público en sanidad, que pasaría del 6% al 7% del PIB (unos 11.000 millones más) y la gratuidad de las guarderías para los menores de tres años.