El impacto económico de las demandas sobre hipotecas referenciadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) asciende a 25.000 millones de euros, con un millón de afectados, según los cálculos de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Estos cálculos se basan en la estimación de que hay un millón de afectados con unos 25.000 euros de pérdida por estas cláusulas, mientras que las entidades españolas afirman que su exposición es de algo más de 16.500 millones. Goldman Sachs pronostica que la anulación de cláusulas IRPH costaría hasta 44.000 millones a la banca.

La publicación de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si estas cláusulas son abusivas y si deben anularse tendrá lugar el 10 de septiembre. Aunque su resolución no es vinculante, puede influir en la sentencia final del tribunal, cuyo fallo definitivo se espera el año que viene.

Los datos proporcionados por los bancos revelan que CaixaBank cuenta con hipotecas referenciadas al IRPH por 6.700 millones, Santander tiene 4.300 millones, BBVA cuenta con 3.100 millones, Bankia reconoce una cartera de 1.600 millones, y Sabadell afirma que tiene un saldo vivo de préstamos indexados al IRPH de 831 millones de euros.

Las sentencias recabadas por Asufin revelan que CaixaBank y Santander acaparan, cada una, el 24% de las sentencias sobre hipotecas referenciadas al IRPH, mientras que Kutxabank aglutina el 18%, BBVA y Bankia el 10% cada una, Catalunya Caixa y Grupo Caja Rural el 4% cada una y Banco Sabadell, el 3%.

De los 172 procedimientos, 143 se han dirimido en Primera Instancia, 28 en Audiencia Provincial y uno en el Tribunal Supremo.

Además, los datos de Asufin indican que Cataluña es la Comunidad que acumula más sentencias dictadas en esta materia, con un 30%. Le siguen País Vasco (22%), Andalucía (13%), Comunidad de Madrid (8%), Castilla y León (7%) y Canarias (5%).

Asufin ha presentado ya cinco demandas colectivas por la comercialización de hipotecas referenciadas al IRPH. Tres de ellas, contra Bankia, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) y Sabadell, se encuentran suspendidas hasta que se resuelva la cuestión prejudicial planteada en Europa. Las demandas colectivas interpuestas contra BBVA y CaixaBank han sido desestimadas y recurridas por la asociación.