El adelanto de la reunión del consejo de administración de Telefónica en dos semanas – se celebrará el 10 de septiembre- no tiene solo como objetivo básico el análisis de las causas de la caída de la cotización, que ha marcado mínimos en agosto de 22 años; esta trayectoria es además reiteradamente analizada por el comité ejecutivo.
Cuenta también como meta prioritaria la respuesta que se le pueda dar desde el consejo a los inversores, entre ellas, operaciones corporativas internas que supongan monetizar activos; en esta línea, esta semana la firma australiana Macquarie se refería al potencial de las torres de telecomunicaciones. Hay dos ejemplos que ilustran esta opinión: el comportamiento en Bolsa de Cellnex -líder del Ibex en 2019- y los planes de Vodafone para sacar a Bolsa ese área. Telefónica anuló la prevista salida a Bolsa de Telxius por una valoración que la adjudicaban los posibles socios que consideró injusta. Más adelante dio paso a KKR y Pontegadea, mientras que ahora se analiza la posibilidad de aunar en ella todos los activos del grupo de torres de telecomunicaciones.
Medios bursátiles destacan, asimsimo, que el más alto staff de la empresa ha intensificado conversaciones y reuniones con gestores de fondos de inversión y otras entidades que podrían convencerse que la actual cotización de la operadora crea un escenario propicio para tomar posiciones relevantes en su capital. En la actualidad BBVA, La Caixa y BlackRock, son los primeros accionistas de la empresa que preside José María Alvarez-Pallete.
Varios han sido los factores que se han proyectado contra la cotización de la operadora: la crisis de Argentina, la posibilidad de un Brexit duro (salida de Reino Unido de la UE) y las oscilaciones de las monedas. A estos problemas se unen negativos efectos de la regulación y la fuerte competencia, también en España. Como consecuencia la capitalización bursátil del grupo ha caído a 33.700 millones de euros, con un descenso superior al 9% en el año, hasta los 6,4 euros.
Este desplome desluce la evolución más positiva del recorte de deuda, que cerró el último semestre en 40.230 millones, que quedará en 38.700 millones cuando se contabilicen operaciones ya pactadas.
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