César Bilbao, del equipo de seguridad del BBVA que trabajaba a las órdenes de Julio Corrochano -en libertad bajo fianza– ha reconocido en la Audiencia Nacional que proporcionaba datos de clientes del banco a demanda de policías que como él, están investigados por la justicia, pero pensando que eran para pesquisas oficiales, no para los proyectos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Bilbao ha comparecido ante el juez Manuel García Castellón en calidad de imputado por presuntos delitos de revelación de secretos y cohecho en el marco de la pieza 2 del caso Tándem, relativa al encargo que el despacho de abogados Herrero y Asociados habría hecho a Villarejo para que espiase a un bufete de la competencia.

Aaparece en la documentación que obra en la causa como una de las dos personas del BBVA que proporcionaron datos sobre los abogados a los que Villarejo estaba espiando. César Bilbao ha explicado que ésa era su labor: a veces pasaba las consultas al departamento jurídico y en otras ocasiones contestaba él mismo a los requerimientos.

En las fechas objeto de la investigación su jefe directo era Julio Corrochano, el jefe de Seguridad del BBVA, que está en libertad bajo fianza por otra de las líneas de investigación de esta macrocausa que le sitúa como el interlocutor de Villarejo con la entidad financiera en los ‘trabajos’ que estuvo realizando para ella durante más de una década.

Cuando un policía solicitaba información, ya fuese mediante un oficio, correo electrónico «o incluso por teléfono», se «deducía» que era para una investigación oficial,  Entre esos policías, César Bilbao cita al inspector Constancio Riaño como la persona que le hacía las consultas, tal y como consta en el intercambio de correos electrónicos que obra en la causa. Riaño está citado a declarar el  23 de septiembre.

Agencia Tributaria

También ha declarado ante el juez el trabajador de Hacienda Antonio Chaparro, por las consultas que según consta en un oficio policial, realizó sobre el despacho de abogados espiado, Balder IP, cuya información tributaria (el modelo 347 de 2012) obraba en poder de Villarejo, una información que ha reconocido que sólo se puede entregar a terceros por orden judicial.

Afirma que no recuerda haber mirado en los sistemas de la Agencia Tributaria esa información y ha planteado la posibilidad de que alguien usara su clave de acceso, y colándose en su despacho y en su propio ordenador, hubiese consultado los datos. Asegura que a las horas a las que se realizó la búsqueda él no se encontraba en su mesa porque sus funciones incluyen otros menesteres.

También ha comparecido ante el juezun subinspector con destino en la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional a quien también se investiga por revelación de secretos, ya que habría consultado en bases policiales datos sobre uno de los abogados a los que Villarejo estaba espiando en el año 2014.

Este policía, que en esas fechas dependía del jefe de la UCAO Enrique García Castaño y que tuvo también de superior a Antonio Bonilla -ambos imputados en la causa por presunta participación en los proyectos de Villarejo–, ha reconocido que él hacía las consultas, ya fuese a demanda de cualquier superior de la unidad por el conducto reglamentario, ya fuese por iniciativa propia ante el conocimiento de un posible hecho delictivo. Y ha negado que Enrique García Castaño o Constancio Riaño le pidiesen nunca ninguna información o que recibiese contraprestación alguna por facilitarla.

Sí ha reconocido que tenía relación con Bonilla, que en las fechas investigadas ya estaba en segunda actividad y trabajaba para una de las empresas de Villarejo. Según su relato, no era habitual que le pidiese información y cuando lo hacía, él no se los proporcionaba.

Bonilla sí podía comentarle personalmente «sospechas» que tenía de algún hecho delictivo y él, en el marco de sus funciones, hacía «comprobaciones» de esa información sin necesidad de hablar primero con un superior porque «la policía investiga».

El ex jefe de la Unidad de Extranjería y Fronteras Carlos Salamanca, investigado en la pieza 1 de la causa y cuyo manejo de dinero en efectivo está bajo la lupa ante la sospecha de que responda a dádivas por actividades perpetradas en abuso de su condición policial, insiste en el origen lícito de ese dinero, que habría estado ahorrando en efectivo en su casa, así como en que los coches de alta gama que ha venido conduciendo respondían a préstamos de amigos y personas cercanas.