¿Qué tienen en común personas como Luis de Guindos, Cristina Garmendia, Carlos Espinosa de los Monteros, Pablo Isla, Jordi Sevilla, Isabel Tocino o Eduardo Serra Como analizo en Las redes de poder en España (Roca Editorial, 2019), aparte de una excelente presencia, una notable oratoria, una gran cualificación técnica, una envidiable experiencia profesional y un tranquilizador patrimonio, hay un rasgo común del que los anteriores dirigentes jamás se podrán desprender: una gran acumulación de relaciones.

Como todo el que vive en sociedad, estos directivos habitan redes sociales, un entramado de vínculos que los mantienen conectados, informados y cohesionados y que, además, los enlazan con diversos mundos: De Guindos es economista del Estado y ha trabajado como alto dirigente gubernamental —tanto con José María Aznar y Rodrigo Rato como con Mariano Rajoy—, pero también ha participado y dirigido grandes empresas financieras, eléctricas, de consultoría, informáticas, farmacéuticas, de comunicación… Presente también en organismos autonómicos madrileños, universidades privadas y vinculado a fundaciones de pensamiento conservador, De Guindos ejerce en la actualidad como vicepresidente del Banco Central Europeo.

Eduardo Serra, abogado del Estado, atesora una larga carrera administrativa y gubernamental: asesor jurídico de varios ministerios en la Transición, fue finalmente reclutado por el ministro de Defensa Alberto Oliart, de UCD. El cambio socialista tras las elecciones de 1982 no lo dejó en la calle, sino que incluso lo llevó hasta la secretaría de Estado de ese ministerio, cuando España reafirmaba su pertenencia a la OTAN. Posteriormente pilotó la Fundación de Ayuda Contra la Drogadicción (FAD) —presidida por la Reina Sofía— y el Desafío España 92 Copa de América, sociedad en la que el entonces Príncipe y ahora Rey Felipe de Borbón jugó un papel estelar, como se comprobaría en las Olimpíadas de Barcelona de 1992.

Serra volvió a Defensa en el primer gobierno de Aznar (1996-2000), para después recalar en otra institución de cuño monárquico: el Real Instituto Elcano de Estudios Estratégicos. En el curso de este laberinto burocrático, de fundaciones y think tanks —centros de pensamiento, de financiación pública y privada, según el caso—, este alto funcionario dirigió empresas de tecnología militar, farmacéuticas, de armamento, transportes, finanzas, medios de comunicación, entidades de I+D…

Serra ha sido además presidente de numerosas fundaciones, entre otras, Transforma España, desde la cual solicitó en plena crisis una audiencia con el Rey Juan Carlos para aprovechar la ocasión que se nos brindaba a la hora de hacer las reformas pendientes. Pero también presidió la Fundación España Constitucional, que en el año 2016 emitió diversos comunicados preocupada por la situación de inestabilidad democrática producida como consecuencia de la aparición de Podemos en el Congreso de los Diputados y por la radicalización del discurso independentista catalán.

Los expuestos son dos casos de lo que podríamos denominar mandatarios o estadistas público-privados, dos hombres con una fuerte vinculación a las grandes empresas y, también, a las instituciones gubernamentales, que ejemplifican y reflejan la delgada línea roja que existe entre entidades privadas y Administración pública, con una materialización más realista en una red de posiciones mixtas clave para el gobierno de los asuntos públicos y privados.

Líderes peculiares
Confundiendo interés empresarial con el nacional —como afirmó el sociólogo C. W. Mills en La élite del poder— y ligados adicionalmente a fundaciones y think tank influyentes —William Domhoff y Michael Useem tienen extensos trabajos a este respecto para los Estados Unidos—, este tipo no tan peculiar de líder conforma una selecta minoría que acumula puestos decisivos y posiciones estratégicas en la sociedad española. El solapamiento de sus círculos de influencia termina por proporcionarles un punto de vista estratégico y agregado de los intereses de la nación.

Pero a veces, la virtud y el vicio pueden ser cuestión de perspectiva. Cuando esta concentración de poder económico y político deviene en una progresiva separación de la realidad social de la mayoría —en la que un enorme paro estructural convive con persistentes y elevados niveles de pobreza e inseguridad material–—, estos hombres y mujeres clave acaban voluntariamente atrapados en una red endogámica e informativamente redundante que los embrutece, lo que termina por erosionar la credibilidad de las instituciones, la democracia y el bienestar de los ciudadanos.

Si Ortega y Gasset reflexionó hace casi un siglo sobre los riesgos inherentes a la creciente “rebelión de las masas”, Cristopher Lasch ya nos advirtió hace mucho de la no menos lesiva “rebelión de las élites”, un divorcio con orden de alejamiento entre quienes más capacidad de decisión detentan y una masa poblacional en la que el descreimiento, la anomia y los comportamientos destructivos han dado ya preocupantes señales. Si las desigualdades y, con ellas, la existencia de élites, representan una condición inherente a la estructura social, no sería mucho pedir que dichas élites legitimaran su liderazgo gracias a un comportamiento consciente y responsable y, en menor medida, como consecuencia de una inercia social que ha llegado a estos extremos disfuncionales. La calidad de nuestra democracia depende en buena medida de este hecho tan poco comentado y especificado.

Andrés Villena Oliver (en Twitter, @villenaoliver) es coordinador del área de Comunicación en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. Licenciado en Economía y en Ciencias de la Comunicación (Comunicación Audiovisual), es doble máster y doctor en Sociología (2014, con calificación de Doctor Internacional Cum Laude). Ha ejercido como periodista político y económico en El Plural (redactor jefe durante dos años) e Informativos Telecinco, colaborando además con medios impresos y digitales como Diario Público, Nueva Tribuna, Sistema Digital, El Siglo, El Huffingtonpost, La República, Cadena SER Axarquía y Bez Noticias, entre otros. Ha sido consultor y asesor político para distintas instituciones nacionales y municipales (entre ellas, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España en 2009).