La renta mínima de inserción, pese a su disparidad en todo el territorio nacional, resulta eficaz a la hora de reducir la pobreza. Además, en general, su cobro no desincentiva la búsqueda de un empleo, con algunas excepciones. Finalmente, según el estudio presentado hoy por Funcas – Fundación de Cajas de Ahorros –, el modelo ambicionado por los sindicatos, que desliga el cobro de esta renta de la búsqueda activa de un empleo, tampoco convence a los autores de Panorama social, la revista editada por la Fundación, cuyo número 29 se dedica íntegramente a evaluar el funcionamiento de esta renta en todo el territorio nacional.

El estudio, compuesto por una decena de artículos de diferentes autores, concluye que el sistema español de rentas mínimas ha mejorado su cobertura en los últimos años, si bien persisten las debilidades mostradas por este programa que está en manos de las comunidades autónomas.

Casi 800.000 personas dependen de estas rentas cuyas cuantías oscilan entre los menos de 400 euros de la Comunidad Valenciana y los casi 700 euros del País Vasco, y que cuentan con un total de 313.000 perceptores en 2017, el triple que antes de la crisis.

El estudio critica en primer lugar la fragmentación territorial de este renta regulada mediante 19 normativas distintas que corresponden a 17 comunidades y dos ciudades autónomas, y que muestra importantes diferencias en cuanto a sus rasgos principales, tales como requisitos para percibir la renta, presupuesto, duración del período de cobro, compatibilidad con otras rentas, así como en la condicionalidad para percibirla; es decir, la obligación de participar en programas de activación laboral para poder percibirla.

Malos resultados en Andalucía

En general, afirman, estas rentas son eficaces en la disminución de la pobreza, salvo en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, a la que la revista dedica un artículo entero, cuyos autores dudan de la eficacia de esta renta en la disminución de la pobreza, al tiempo que piden una mayor asignación de recursos para este fin en la comunidad andaluza.

Andalucía, con 406 euros, es una de las comunidades autónomas con la cuantía más baja de todo el territorio. Y ello a pesar de que casi un tercio de los andaluces se encuentran en riesgo de pobreza, una de las tasas más altas de España, solo superada Extremadura, 37%, y Ceuta, 38% según los datos de 2017.

Paradójicamente, las comunidades más ricas tienen las rentas de mayor cuantía de toda España, el País Vasco con casi 675 euros y Navarra con 700.

El estudio ofrece datos sobre los titulares de la renta y además sobre el conjunto de personas que se benefician de su cobro; esto es, titulares, y quienes dependen económicamente de ellos.

El País Vasco, pese a su riqueza, muestra de largo el mayor número de perceptores de esta renta, unos 76.0000; lo que sumado a otros 65.000 que dependen de ellos, arrojan un total de más de 140.000 beneficiarios; muy por delante de Madrid y Andalucía, con unos 115.000 y 103.000 beneficiarios, respectivamente.

Así, por ejemplo, Madrid, con apenas 400 euros, en el rango más bajo en cuantías, tiene, con mucha mayor población, apenas la mitad de titulares de esta renta con relación al País Vasco, en torno a 35.000, frente a los 75.000 vascos.

En el País Vasco, la tasa de riesgo de pobreza apenas llega al 8,6%; es decir, la mitad que en Madrid, donde supera el 16%. Una tasa que, en el conjunto de España, se sitúa en el 21,5%, con grandes diferencias por comunidades autónomas.

No desincentiva la búsqueda de empleo

El estudio analiza además, a lo largo de sus 189 páginas, diferentes aspectos de la configuración de este sistema, concebido como último freno contra la pobreza grave. Así, por ejemplo, señala las dudas en la población vasca sobre el buen uso de esta renta, que coexisten sin embargo con un apoyo extenso a este sistema.

Y descarta que, en general, y pese a las dificultades de medición, la renta desincentive la búsqueda de un empleo entre sus perceptores.

No obstante sí detecta en cambio algunos grupos de población donde la renta sí tiende a cronificarse, es decir a hacerse permanente, sobre todo entre los grupos con menor formación, señala.

De hecho, uno de los artículos se centra en el llamado salario social básico asturiano y señala que la reciente crisis ha empujado a algunos grupos de población, para quienes en principio no estaba diseñada la ayuda, a solicitar esta renta. En concreto, indica que la pérdida de empleo masculino durante la crisis y el incremento de empleo femenino a tiempo parcial ha dejado sentir sus efectos tanto en el volumen como en el perfil de los beneficiarios de la prestación.

Sin embargo, en estos grupos no previstos inicialmente, la disposición en general de un mayor nivel educativo ha favorecido su vuelta al empleo, y la consiguiente baja en la prestación.

Finalmente uno de los artículos critica las propuestas más recientes de sindicatos y partidos políticos por alejarse de la llamada condicionalidad laboral; es decir, de la obligación de formarse o buscar un empleo como requisito para cobrar estas rentas.