El presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, ha sido citado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para el próximo día 25 y 26 para responder de un supuesto delito de desobediencia por no retirar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante la última campaña electoral.

Se da la circunstancia que estos mismos días está convocado en el Parlament el debate sobre política general, pero la fiscalía se opone a cambiar la fecha de la visa fijada por el juez. Quienes dudan de la separación de poderes tienen razones para dudar de sus principios, como la tuvieron cuando el Tribunal Supremo interrumpió una sesión de investidura en el Parlament al encarcelar al candidato o cuando vario las mayorías parlamentarias con sus autos de prisión, por no recordar que tanto en el Congreso, como en el Senado y en el Parlament de Catalunya o en el Parlamento europeo hay escaños vacíos por decisión judicial.

Tanto el poder político como el judicial fueron taxativos en la inauguración del curso que las resoluciones judiciales de han de cumplir, pero esta norma parece que sólo la aplican cuando les conviene, por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU instó a liberar inmediatamente a los presos políticos catalanes o las resoluciones de los tribunales europeos sobre la extradición de los políticos exiliados. Por otra parte cuando los jueces y determinados políticos se llenan la boca sobre la independencia judicial y la separación de poderes hacen oídos sordos sobre las numerosas denuncias de reconocidos juristas tanto nacionales como internacionales sobre la interpretación que se están haciendo de las leyes. Algunos ya hablan de que se está aplicando la “justicia del enemigo”.

En Catalunya el eslogan “ni olvido ni perdón” en referencia a las cargas policiales que se produjeron el día del referéndum y que provocaron más de mil heridos y cuyas imágenes de la brutalidad policial ante gente pacífica dieron la vuelta al mundo no ha tenido consecuencias. Hasta los socialistas (en aquel momento en la oposición) se escandalizaron. Pero los responsables políticos y policiales del operativo se han ido de rositas, es más los que participaron en aquella acción no sólo han recibido felicitaciones si no que reclaman condecoraciones. Es evidente que la justicia en este caso miró hacia el otro lado.

Parece que los jueces mantienen una pugna de poder para imponerse a la clase política y de momento van ganando con el benplácito de no pocos partidos. Esto valió en su día para el País Vasco y hoy lo utilizan en Catalunya. Muchos lo aplauden pero acaso se están dinamitando demasiadas cosas.