Hay dos asuntos igualmente importantes, parejamente urgentes, que no se resuelven porque algún leguleyo público se ha prestado a decir que con un gobierno en funciones “no se pueden hacer”.

He seguido con la máxima atención el acto de apertura del año judicial en el que la Fiscal General del Estado y el presidente del Tribunal Supremo han hecho un balance razonablemente triunfalista del ejercicio anterior y han formulado su carta al Rey entre cuyas demandas más o menos domésticas, se ha colado la desazonadora situación del Consejo del Poder Judicial, con algo así como nueve meses de interinidad.

Por otro lado, compruebo en declaraciones casi diarias, que los presidentes de las comunidades autónomas reclaman al Gobierno que distribuya los correspondientes ingresos del IVA, ya que se trata de cantidades debidamente presupuestadas en sus respectivos capítulos de ingresos y cuyo no libramiento pone en dificultades a los ejecutivos autonómicos para llevar a cabo sus ejercicios económicos. Aquí también hay una respuesta del Gobierno tan cínica como táctica, en la que asegura que no puede librar esas cantidades porque está en funciones, además de formular un desafío ciertamente indecente: faciliten la investidura del hoy no-candidato Sánchez y así verán satisfechas sus necesidades económicas enseguida.

Nuestras normas sobre los periodos inmediatamente postelectorales son absurdas. Los plazos se eternizan y es estupefaciente que, tras una investidura fallida, el plazo para otra votación sea agotador. Tanto más absurdo todo ello, cuando las Cámaras están abiertas y en pleno funcionamiento.

Sobre el primer asunto, la renovación del organismo de gobierno de los jueces, ¿qué impide a los grupos parlamentarios negociar ya los representantes que cada uno de ellos disponga? Si son los grupos parlamentarios quienes promueven las candidaturas, ¿por qué no están negociando a marchas forzadas? Que uno sepa y quiera creer, el legislativo es independiente del ejecutivo. Y creo que el cerrojazo de las Cortes no se ha decretado (aún).

Por la misma razón, ¿por qué ningún grupo parlamentario ha presentado una proposición de ley para que se libren los impuestos a las comunidades autónomas? Siendo que el Gobierno sí está autorizado, demasiado bien lo sabemos, para ingresar impuestos; dado que el Gobierno se gasta esos ingresos en aplicación del presupuesto vigente, ¿cómo va a ser creíble que no pueda distribuir la parte que no le corresponde, la parte que la ley le exige entregar a sus legítimos destinatarios?

En este periodo azarosos de elecciones que acaban en nuevas elecciones, de mociones de censura que se promueven sin futuro previsto alguno, estamos aprendiendo muchas cosas. La mayor parte de ellas, hay que decirlo, aunque duela, malas. Pero lo que nadie nos puede quitar es que el Parlamento institucionalmente sea el garante del estado de derecho en todas sus expresiones, aunque los partidos, uno a uno, tengan conductas tan deleznables.