Al margen del esperpento político, que la repetición de las elecciones se había descontado ya hace tiempo como muestran la tranquilidad en la prima de riesgo y en las Bolsas, los analistas y los empresarios no dejan de alertar y de incrementar su preocupación sobre la nueva desaceleración económica que infecta ya los indicadores de la macroeconomía y está tocando a la puerta de la economía real de las empresas y los bolsillos de los ciudadanos con sus efectos sobre la inversión, el empleo y el consumo.

Un ambiente de pesimismo que se respiraba en la última Junta Directiva de la CEOE, en la que el recién ascendido a vicepresidente de la patronal, Iñigo Fernández de Mesa, anunciaba una fuerte desaceleración en las grandes economías de Europa, Asia y América, incluidos los EE UU, donde la caída de la inversión empresarial y de las exportaciones están en el origen de las presiones de Trump sobre la Reserva Federal para situar los tipos de interés en cero o negativos.

Y también aquí, en Europa, donde Mario Draghi ha anunciado que el Banco Central Europeo (BCE) va a inyectar 20.000 millones de euros a la economía a partir de noviembre, al tiempo que exige a los gobiernos de los países miembros que el gasto público tome el relevo de la acción de la autoridad monetaria.

Con este escenario y pese a la ceguera o la propaganda triunfalista de Sánchez y su Gabinete las previsiones avanzadas por el equipo económico de la organización empresarial ha rebajado su estimación de crecimiento de la economía española en 2019 a sólo el 2,1 por ciento, cuatro décimas menos que las previsiones iniciales, y “eso en el mejor de los casos”, como apostillaba el propio Fernández de Mesa, advirtiendo también del peligro aumentado que para la creación de empleo supone el hecho de que los costes laborales estén creciendo por encima de la productividad.

Más pesimistas aún son los resultados del modelo de previsión del PIB de CaixaBank, que estima en sólo un 0,33 por ciento el crecimiento de la economía española durante el tercer trimestre, dos décimas por debajo del registrado en el segundo trimestre que, junto con la revisión a la baja de la serie histórica del PIB que acaba de anunciar el Instituto Nacional de Estadística (INE), reduciría el crecimiento final de nuestra economía a sólo el 2 por ciento.

Esta desaceleración del crecimiento se explica por el deterioro del contexto internacional, producto del aumento de la incertidumbre debido al pulso comercial entre EE.UU. y China y a la debilidad que muestra el conjunto de la eurozona, y por la evolución a la baja de todos los indicadores nacionales de actividad que con la excepción del PMI de servicios y las ventas minoristas, muestran un alarmante retroceso

con especial incidencia en el déficit público que se disparó hasta el 2,7 por ciento en el primer semestre del año y en las ventas de automóviles, con una caída del 3,2 por ciento en los ocho primeros meses, que está provocando ya regulaciones de empleo en algunos fabricantes como Renault.

Esta es la realidad que denuncian los números, los empresarios y los analistas. Una situación que exigiría continuidad en las reformas, estabilidad política y prudencia en las decisiones. Pero con estos líderes políticos “adolescentes” como les definió el presidente gallego Núñez Feijoo, ¿quién le pone el cascabel al gato?