La prórroga de los presupuestos representa que se mantienen fijas las cantidades establecidas para los distintos capítulos que los componen, salvo aquellas partidas que, por definición, no pueden establecerse exactamente, como es el caso del pago de los intereses de la deuda o de los subsidios de desempleo ya que su cantidad total no depende en absoluto del Estado sino de circunstancias completamente ajenas al mismo.

La prórroga, al limitar los gastos de forma general y, sin embargo, contar con mayores ingresos solo por el hecho de una mayor actividad económica y la influencia de la inflación, supone un instrumento adicional a la contención del déficit público, principal caballo de batalla del Ejecutivo para cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea.

Distintos expertos señalan que “las limitaciones implícitas a una prórroga de los presupuestos (como ocurrió con la Generalitat de Catalunya a principios de 2011) suponen una ayuda importante a la contención el déficit”. Otra cosa es, añaden estos expertos, lo que ocurra a partir de que se forme un nuevo gobierno y éste elabore unos nuevos presupuestos, que tendrán una duración inferior a un año, con unas nuevas líneas de política económica o no. En todo caso, al tener una vigencia entre 6 u 8 meses, su influencia real será limitada

Lo normal es que si las elecciones se celebran el 20 de noviembre hasta finales de diciembre no se forme un nuevo Gobierno y que el Parlamento habilite enero como periodo hábil de sesiones para empezar a instrumentar la política del nuevo Ejecutivo. A partir de ahí dependerá de si se opta por hacer un nuevo presupuesto o se llevan a cabo actuaciones mediante decreto ley que modifiquen algunos aspectos básicos de los presupuestos prorrogados.

El nuevo Gobierno deberá elaborar un decreto ley de prórroga presupuestaria en el que caben muchas cosas a la luz de la indefinición que la Ley General Presupuestaria tiene respecto al contenido de la norma que establece la prórroga. Será en este texto, que deberá ser convalidado por el Parlamento, donde se deben contemplar los aspectos no recogidos en los presupuestos de 2011 pero que tienen incidencia en ellos, como los derivados del decreto ley de mayo pasado o los que puedan hacerlo del que el próximo día 18 aprobará el Consejo de Ministros y que introducirá nuevos justes en el gasto público, en especial en el farmacéutico, para reducir un poco más el déficit público. Será la ocasión que tendrá el nuevo Gobierno para decidir si mantiene o no la congelación de los sueldos de los empleados públicos y de la mayor parte de las pensiones.

En principio, lo que no se va a ver afectado por el adelanto electoral es el calendario de privatización del 30% de Loterías del Estado previsto para el 18 de octubre y que coincidirá con la precampaña electoral y no con la campaña en sentido estricto. Fuentes de la empresa pública han señalado que entre los posibles escenarios que contemplaban que pudieran influir de una manera u otra sobre la privatización de Loterías uno era el electoral.

Al haberse retrasado hasta el 20 de noviembre la celebración de las elecciones prácticamente no va a influir nada en la privatización. Otra cosa hubiera sido si la jornada electoral hubiera tenido lugar en el mes de octubre.