El Gobierno espera que el coste de la energía para la gran industria se reduzca un 20% con la entrada en vigor de las medidas incluidas en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo. Es la respuesta parlamentaria a la diputada de Unidas Podemos Yolanda Díaz, y recogida por Europa Press, en la que justifica no haber aprobado vía decreto el contenido de este Etatuto puesto que, sin estar plenamente en funciones, «no se ajustaría a derecho».

La figura de consumidor electrointensivo se estableció en el decreto ley aprobado en diciembre de 2018, con diferentes medidas en favor de la industria, pero se encuentra a expensas de su desarrollo reglamentario, que el Gobierno no aprobó antes de quedar en funciones con motivo de la convocatoria anticipada de elecciones.

Entre las medidas que baraja el Gobierno para abaratar la electricidad a la gran industria se encuentran un mecanismo para compensar los costes de la financiación a la energía renovable, y una herramienta para fomentar la contratación de energía eléctrica a largo plazo, a través de la figura de los PPA (Power Purchase Agreement o Acuerdo de Compra de Energía), que contarán con una garantía pública de los riesgos derivados de dicha contratación.

«Con las medidas contempladas en el Estatuto, y una vez que todas ellas entren en vigor, se espera una reducción del coste de la energía para la industria electrointensiva del entorno del 20% sobre los precios finales actuales», señala el Gobierno en su respuesta.

Otras de las medidas que el Ejecutivo contemplaba introducir en este estatuto son los mecanismos de compensación para los cargos a las instalaciones de cogeneración y a los costes adicionales de territorios extrapeninsulares.

Impacto en Alcoa

Esta esperada reducción de costes, asegura el Gobierno en su respuesta, «contribuirá de manera decisivaal reinicio de la producción de aluminio primario en las factorías de Avilés y A Coruña», plantas que cuya venta cerró Alcoa el 31 de julio al fondo suizo Parter Capital.

El Gobierno justifica el parón en la actividad en estas fábricas ante los costes energéticos que conlleva y la necesidad de acometer inversiones de mejora tecnológica. «El escenario de elevados precios que ha experimentado en los últimos años, así como la ausencia de inversiones en mejora tecnológica por parte de Alcoa, hace que no sea viable, a día de hoy, la producción de aluminio primario en las plantas de Avilés y A Coruña», señala el Gobierno.