El último presidente del Banco Popular (entre febrero y junio de 2017), Emilio Saracho, declara en la Audiencia Nacional que no tuvo nada que ver con cualquier filtración sobre la situación financiera de la entidad durante su etapa, justo antes de la quiebra y posterior adjudicación al Santander, pero reconoce que pudo haberlas desde el consejo de administración de la entidad

Saracho, que ha comparecido en calidad de investigado ante el juez instructor de la causa, José Luis Calama, ha respondido a las preguntas del magistrado y del fiscal anticorrupción Antonio Romeral.

Reitera que fue la consejera coordinadora del Popular Reyes Calderón la que se puso en contacto con él para pedirle que asumiera el cargo y que en ese tiempo anterior a su presidencia sólo habló una vez con su antecesor, Ángel Ron, también imputado en la causa.

Saracho está imputado en el caso por manipulación del mercado, y su antecesor además por falsedad en las cuentas. Sobre su imputación, remite al informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según el cual durante su etapa no se apreció ninguna alteración. Y señala que, durante la presidencia de Ron la cotización del Popular se desplomó un 98%, mientras que en sus 108 días hubo oscilaciones, pero en ningún caso una caída constante.

El último presidente del Popular alega que hizo lo que pudo al frente de la entidad tal y como se encontró el banco al llegar, ya que la ampliación de capital acometida un año antes por Ron se había quedado muy lejos de las necesidades de liquidez, ya que sólo creció en 2.500 millones de euros de los 8.000 millones que requería.

Tasaciones manipuladas

Asegura que nada más llegar a la presidencia del Popular se reunió con la directora de Riesgos, Carmen Riveras, para que le informara de cuál era la situación del banco, y cuánto capital faltaba, y contestó que no lo sabía. “Me quedé estupefacto», afirma.  Saracho explica que él tenía preparada una ampliación de capital para llevarla a cabo el 12 de junio de 2017 por unos 5.000 millones de euros, pero no pudo llevarse a cabo porque días antes (el 7 de junio), la entidad fue resuelta y vendida a Banco Santander por un euro.

También iba a vender activos por 4.000 millones de euros, ya que el proyecto Sunrise , impulsado por Ron para reducir el peso del ladrillo, no era factible para el BCE.

Saracho afima que el exconsejero delegado de la entidad durante la ampliación de capital, Francisco Gómez, dio instrucciones verbales para colocar acciones entre clientes en la red de oficinas, con créditos incluidos. La entidad financió de esta forma 400 millones de euros para la compra de acciones por parte de los clientes en la ampliación de capital, lo que significa que esta inyección de fondos se financió con dinero del propio banco.

El último presidente del Popular declara ante el juez que las tasaciones de los activos inmobiliarios del Popular en 2017 «tenían manipulaciones evidentes”. No existían garantías de parte de los inmuebles, y ordenó que se realizaran más de 80.000 tasaciones de los activos inmobiliarios.

Saracho descarta  que el accionista y consejero de Popular, el mexicano Antonio del Valle, quisiera hundir la cotización del banco para llevar a cabo una opa a bajo precio. Alega que Del Valle era un destacado accionista de la entidad que había perdido mucho dinero y quería recuperarlo.

Ante el juez, niega que hubiese dicho a Ron que su intención era realizar una «tómbola» para vender Popular, como había declarado su antecesor en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y que dijera en algún momento que iba a «estrellar» el Popular ante la sede del BCE.

Tras cinco horas de comparecencia, el juez Calama ha decidido aplazar el resto de la declaración al jueves 3 de octubre, a las nueve de la mañana, cuando el fiscal Anticorrupción continuará con su interrogatorio. El resto de acusaciones y la defensa de Saracho también tendrán oportunidad de preguntar al investigado.