«Si algo malo puede pasar, pasará». Es lo que dice la ley de Murphy, popularizada por el libro de Arthur Bloch publicado en 1977. Ahora es esgrimida por el último presidente del Popular, Emilio Saracho, en la Audiencia Nacional para explicar la coincidencia entre la comunicación a la CNMV de la reexpresión de las cuentas con la filtración de la dimisión del consejero delegado Pedro Larena el 3 de abril de 2017. Saracho insiste, en su segunda jornada de declaración como investigado (imputado) por la quiebra del Popular, que un informe de la CNMV determina que no existió manipulación del mercado.

Las dos noticias provocaron ese día un desplome del 10% en la cotización del Popular. Saracho alega que comunicó la reexpresión de las cuentas siguiendo las indicaciones de la auditora que andaba analizando la situación de la entidad y porque un requerimiento previo del Banco de España así lo imponía: debía ser el 3 de abril a las 8:00 horas.Recuerda que 10 días después era la junta general de accionistas de la entidad.

Saracho afirma que sabía que Larena quería marcharse, como también era conocido por algunos consejeros. Pero niega haber filtrado la noticia a los medios. Una vez publicada por éstos, la CNMV requirió al banco que informase mediante otro hecho relevante. ¿La culpa? De la ley de Murphy, alega el último presidente del Popular.

Saracho reconoce que comunicó a la Secretaría de Estado de Economía la aceleración, a partir de ese día, de la fuga de depósitos, que oficialmente era negada por la entidad.

También afirma que no llamó a ninguno de los grandes clientes para frenar la fuga y que muchos de éstos lo hicieron porque las agencias de rating bajaron las calificaciones del banco y actuaron siguiendo sus normas internas.