El uso intensivo del smartphone está cambiando los hábitos de compra de los consumidores. Con una tasa de penetración que roza ya el 97% en nuestro país, no es de extrañar que este dispositivo se haya convertido en el medio preferido para comprar. Según el “Informe Ditrendia: Mobile en España y en el mundo 2019”, hoy el 63% de los españoles utiliza el móvil para comprar, principalmente, por la comodidad, siempre se tiene a mano (58%) y su facilidad de uso (53%). Su popularización como modo de pago todavía está lejos de estos porcentajes, ya que en la actualidad solo el 31% de los españoles lo utiliza para pagar.

En todo el mundo, esta ratio se eleva al 55% y las previsiones apuntan a que los smartphones representarán cerca del 75% del total de transacciones de comercio electrónico en 2021. Entre los factores que favorecerán esta tendencia se encuentran la mayor seguridad, la experiencia del cliente, la proliferación de las pasarelas de pago y los ewallets como CHANGEiT de PaynoPain, empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online. También la entrada en vigor de la segunda directiva de la Unión Europea sobre servicios de pago (Payment Service Providers de segunda generación, sus siglas en inglés PSD2).

En China, donde un 80% de los usuarios ya paga con el móvil, los sistemas basados en QR de WeChat y Alibaba ya han demostrado proporcionar una experiencia de usuario muy fácil e intuitiva, que ha permitido universalizar el smartphone como medio de pago en todos los estratos.

Soluciones como el monedero electrónico CHANGEiT de PaynoPain, que funciona a través de un sistema QR, se convierten en una opción asequible y fácil de adaptar en cualquier país, sobre todo, en aquellos con menores recursos económicos, para avanzar en la popularización de los pagos móviles.

Por otro lado, la Autenticación Reforzada de Cliente (SCA), que contempla la nueva normativa europea PSD2, y cuyo objetivo es mejorar la seguridad de los pagos y reducir el fraude en el proceso de autenticación, también podría contribuir a impulsar el uso del smartphone como modalidad de pago, al obligar al usuario a utilizar al menos dos de los siguientes factores- algo que solo conozca el usuario, como, por ejemplo, una contraseña; algo que tenga el usuario, como un teléfono móvil o un tarjeta de coordenadas; y algo que forme parte de él, como su huella dactilar o iris- para verificar su identidad al acceder a una cuenta bancaria o al comprar online.

Esta doble autenticación exige a entidades financieras y organizaciones de los diferentes sectores de actividad implementar soluciones tecnológicas que les permitan adecuarse al marco que establece esta nueva normativa.

Estamos ante un proceso que tendrá un impacto «desproporcionado» en las pequeñas empresas pues, según un estudio de la consultora 451 Research, tres de cada cinco compañías con menos de 100 empleados no están seguras de cuándo cumplirán con la normativa. Esto podría suponer a la economía europea unas pérdidas de 57.000 millones de euros en los primeros 12 meses de su entrada en vigor. Los más afectados serán marketplaces, comercios online y todos aquellos negocios que realicen transacciones online, como el sector hotelero.

«Las diferentes compañías deberán actualizarse lo antes posible y disponer de la tecnología necesaria para implementar en sus procesos y garantizar así la seguridad de los usuarios», señala Jordi Nebot, CEO y Cofundador de PaynoPain. En este sentido, es clave que las empresas apuesten por una tecnología de pagos moderna que permita cumplir con la normativa, como la pasarela de pagos Paylands.

Gracias a su interfaz intuitiva, adaptable, segura y rápida, Paylands aporta una experiencia óptima de usuario desde cualquier dispositivo y hace posible una integración sencilla con los sistemas de eCommerce, utilizando tecnologías como el Big Data y Business Intelligence. La pasarela cuenta con la certificación PCI, que valida más de 50 parámetros técnicos y operativos, junto con una herramienta de monitorización de fraude, con el objetivo de asegurar la protección de la información de los consumidores y de las operaciones que estos realizan.

 

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