Más de la mitad de los ingenieros repartidos por toda España por los diferentes sectores industriales tildan de mala o muy mala la política de incentivos a la industria planteada por las distintas Administraciones, según se desprende de un informe presentado hoy por el Consejo General de Ingenieros, que advierte de la pérdida de peso que ha sufrido la industria manufacturera española, así como del riesgo de quedar fuera en la carrera por la robotización y digitalización aplicadas a este sector.

Los ingenieros encuestados forman parte de la extensa nómina de profesionales que trabajan para los diferentes sectores industriales repartidos por toda España que han accedido responder al Barómetro Industrial 2019 elaborado por el Consejo General de la ingeniería técnica industrial de España (Cogiti) y el Consejo General de economistas españoles (CGE).

Entre sus conclusiones, el estudio destaca que los ingenieros suspenden la acción de gobierno de las diferentes Administraciones con competencias a la hora de diseñar los incentivos a la producción industrial. Un sector en el punto de mira de la Unión Europea (UE), que quiere fomentar una especie de resurgir industrial europeo. Y cuyos incentivos en España los ingenieros califican de malos o muy malos, según responden más de la mitad de los encuestados.

El sector reclama un pacto de Estado a fin de detener el declinar industrial español, abordar nuevos retos, como la digitalización y robotización, y dotarse de buenos recursos con que encarar la imprescindible transición energética, hacia energías limpias.

Tres son las cosas que necesita la industria en España, según han resaltado ingenieros y economistas en la presentación del informe en la mañana de hoy martes en Madrid. Por un lado, energía barata. Por otro, crédito, con el que abordar la transformación tecnológica. Y por otro, especialización.

“Una política energética estable que genere confianza en los inversores y una energía barata que no sea un lastre para la competitividad de nuestros productos”, reitera José Antonio Galdón, presidente de los ingenieros industriales.

“Un pacto de Estado global para incidir en una serie de reformas estructurales en tres ámbitos: el energético, el logístico y el de las infraestructuras”, apoya Valentín Pich, presidente de los economistas.

Estas reformas permitirían a la industria enfrentarse a una imprescindible especialización tecnológica; amoldarse a las exigencias de la industria 4.0, el nuevo paradigma que liga lo digital con la producción de bienes; y profundizar en la innovación, de la mano de la universidad, según señalan.

Además también se necesita una unión fiscal dentro de la Unión Europea, así como un ajuste fino en la coordinación entre las distintas Administraciones, desde la local hasta la supranacional, insiste el informe, coordinado por Mónica Ramírez.

Sin expectativas de contratación

A pesar de las críticas a la labor de la Administración, más de la mitad de los ingenieros encuestados califican la posición industrial de España como de nivel intermedio, y más de la mitad, un 60%, consideran como buena o muy buena la situación económica de las empresas donde trabajan.

Sin embargo, apenas un 25% afirman que la previsión de contratación para el futuro inmediato sea buena o muy buena; y un 40% la consideran mala o muy mala.

“Los profesionales no han perdido la confianza en el sector, si bien son críticos con la labor de la Administración y empiezan a tener dudas sobre el crecimiento del empleo”, resume Galdón.

En cuanto al futuro tecnológico, menos de un cuarto de los ingenieros consultados afirma que sus empresas han comenzado a adaptar sus estructuras a la llegada de la industria 4.0, la unión de máquinas y digitalización.

Aparte, un 70% no cree que España sea 100% renovable en el plazo de 30 años; a pesar de que el 90% tiene claro que la transición hacia energías limpias es ineludible; y que el mismo porcentaje ve el autoconsumo como una oportunidad de desarrollo industrial.

La UE se ha marcado como objetivo que la producción industrial en los países miembros supere el 20% del PIB en 2020. En España tan solo seis comunidades autónomas se acercan a este porcentaje en la actualidad; después de que, entre 2000 y 2018, el valor añadido (VAB) de la industria manufacturera cayera del 17,8% al 14%.