El exvicepresidente del Popular defiende la última ampliación de capital

08/10/2019

diarioabierto.es. Roberto Higuera declara ante el juez que su confianza en la solvencia de la entidad era tal que invirtió un millón de euros en esa operación.

El exvicepresidente del Banco Popular Roberto Higuera defiende ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama la gestión dfe la entidad y la ampliación de capital realizada en 2016, un año antes de su disolución. Su confianza en la solvencia del banco era tal que invirtió un millón de euros en acciones en esa operación. Obviamente, hasta ahora, lo ha perdido.

Higuera replica así al último presidente del Popular, Emilio Saracho, que declaró ante el mismo juez que la ampliación de capital se había quedado muy lejos de las necesidades de liquidez del banco: 2.500 millones de euros, cuando necesitaba 8.000 millones.

Recuerda que  la ampliación de capital contaba con la aprobación y asesoramiento del despacho Linklaters, en el que era socio Sebastián Albella, actual presidente de la CNMV.

Roberto Higuera, que trabajó 41 años en el Banco Popular (llegó a ser consejero delegado) y fue presidente de la comisión de auditoría con Ángel Ron, asegura que la ampliación de capital fue «suficiente», y así lo reconocieron el BCE y el Banco de España. Explica que el BCE les reclamó unas provisiones de 3.800 millones de euros, mientras que el banco decidió aumentarlas a 4.500 millones con esta ampliación.

Sobre la reexpresión  de las cuentas que llevó a cabo Emilio Saracho en abril de 2017, Higuera explica que le sorprendió, entre otros motivos, porque lo comunicó al auditor externo de PwC y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin haber consultado antes a los consejeros.. Esta reexpresión hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas del año anterior. Dos meses después el banco era declarado inviable por el BCE y se vendía a Santander por un euro.

Higuera insiste en que las cuentas de Popular no sólo ofrecían su imagen fiel, como muestra que superasen las auditorías sin salvedades, sino que además reflejaban las provisiones suficientes. a ampliación de capital contaba con la aprobación y asesoramiento del despacho Linklaters, en el que era socio del consejo mundial Sebastián Albella, actual presidente de la CNMV.

Higuera califica de falso que el banco hubiera dado instrucciones a la red para que vendiera acciones a clientes con financiación para la compra de títulos, como sugirió Saracho en su declaración ante el juez. Aunque no es algo que prohíba la norma (lo que hace es prohibir que computen como recursos propios de máxima calidad), sí lo hacía de forma expresa la política del banco.

Los bancos colocadores (UBS principalmente) garantizaban el 97% de la operación, y Allianz (accionista histórico del Popular, con representación en el consejo) respondía sobre el 3% restante. El atractivo de la ampliación era tal que hubo una «sobredemanda» de acciones del 133%.

También niega que las tasaciones de los inmuebles estuvieran infladas, sino que seguían las recomendaciones del BCE, menos exigentes que las del Banco de España. Y afirma que el Popular llevaba vendiendo inmuebles a una media de 2.000 millones de euros al año, con plusvalías del 2% al 3%. Y explicó que esta fórmula permitía recuperar más dinero que vendiendo los inmuebles por lotes como más tarde hizo el Santander tras hacerse con el banco.

Sobre la liquidez de Popular, asegura que en 2016 la ratio era del 180%, «más del doble» que lo que exigía el supervisor. Cuando fue resuelto el banco el 6 de junio de 2017 su ratio de liquidez era del 80%.

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