Cuando parecía que Pedro Sánchez y su gobierno en funciones habían abjurado del zapaterismo y reconocían abiertamente la desaceleración económica que ya está en puertas, resulta que esta renuncia se limita sólo al enunciado para seguir insistiendo en las mismas políticas erróneas que nos llevaron a la mayor crisis económica que ha conocido este país en la historia reciente.

Una política de derroche de gasto público que si se consuma conduce a la quiebra del Estado y si se olvida después de los comicios lleva a la frustración de una ciudadanía a la que engañan con mentiras en una estrategia que parodiando al refranero podríamos resumir en prometer hasta vencer y una vez que hemos vencido se acabó lo prometido.

Recordaba recientemente John Müller como Mariano Rajoy reconocía en el pasado foro de La Toja que sus tres primeras medidas como presidente del Gobierno fueron todo lo contrario de lo que había prometido en su programa y en campaña. Una abdicación a la que se vio obligado por la desastrosa situación económica que les dejaban y por las imposiciones de una Unión Europea para evitar un rescate que habría llevado aparejados recortes mucho más drásticos y dolorosos que los que tuvieron que adoptarse.

Pero como dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, Sánchez, al que las encuestas no le salen tan favorables como presumía, se ha lanzado a una orgía verbal de compromisos como equipar la subida de las pensiones al IPC, elevar un 2 por ciento el sueldo de los funcionarios y aumentar los beneficiarios del PER que, en conjunto supondría un gasto adicional de 5.000 millones de euros en unos momentos en  el que el PIB está en el peor dato desde 2014, el déficit ha superado ya el límite previsto para todo el año y la deuda pública supera el 100 por ciento del PIB.

Los números, que como el algodón no engañan, muestra que el crecimiento de la economía española fue de sólo el 0,4 por ciento, el peor dato en los últimos tres años, lo que sitúa el crecimiento interanual en el 2 por ciento, con todos los indicadores de consumo y de inversión en línea descendente, especialmente esta última que ha entrado en tasas negativas del -1,4 por ciento, mientras que la Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, rebajaba ya el avance del PIB a final de este año a sólo el 1,9 por ciento, con una reducción de más de un punto en el consumo de los hogares.

Recordar aquí que la experiencia demuestra que la economía española es incapaz de crear empleo con crecimientos del PIB inferiores al 2 por ciento, que la creación de puestos de trabajo está creciendo ya únicamente al 2,5 por ciento, medio punto menos que hace un año, que la creación de empresas ha caído un 8,6 por ciento en agosto, el peor dato en cuatro años, y el desplome en las compras de viviendas.

A esto se suma el impacto de la quiebra de Thomas Cook sobre el turismo, nuestra primera industria, que aporta el 11 por ciento del PIB y el 13 por ciento del empleo total y la amenaza de los aranceles de Trump a las exportaciones españolas.

Si Sánchez hubiera aprovechado las enseñanzas de ese doctorado en económicas del que presume pero no demuestra debería saber que la aplicación de esas teorías keynesianas que tanto parecen gustar en el sanchismo sólo son posibles con una economía en expansión y con un banco central que le dé a la máquina del dinero sin importarle la inflación. Dos condiciones de las que ahora España carece y que convierten las promesas del presidente en funciones en gasolina para el fuego y en una irresponsabilidad impropia de un Gobierno que, aunque en funciones, debe ser siempre sincero y responsable, anteponiendo el interés nacional a los intereses personales y los engaños electoralistas.