Puedo entender y entiendo que el juez Marchena y el resto de los magistrados del juicio del procés buscaran la unanimidad de la sentencia para evitar fisuras que pudieran dar argumentos a los discrepantes y para garantizar la firmeza del fallo judicial ante el más que posible recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Puedo entender y entiendo que el Tribunal fuerce el argumento para calificar de “ensoñación” lo que fue una proclamación real de independencia. Y puedo entender y entiendo que la Sala no haya accedido a aplicar el artículo 36.2 del Código Penal para que los condenados no puedan acceder al tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de su condena, en un intento, a la vista estéril, de suavizar las reacciones y las críticas de los independentistas.

Pero, acatando y respetando la sentencia, lo que me cuesta entender es que el Tribunal considere delito de orden público y no un delito contra la Constitución la proclamación efectiva y real de la independencia por el Parlamento y el Gobierno autonómicos de Cataluña, cuando el artículo 472 y siguientes del Código Penal define como delito contra la Constitución, es decir, de rebelión, el “declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. Sobre todo cuando ese mismo Tribunal explica su condena a Carme Forcadell, argumentando que “hizo posible desde su privilegiada posición de presidenta del Parlament la creación de una legalidad paralela carente de validez”.

Una absoluta contradicción difícil de entender si tenemos en cuenta que el término creación se define como la “acción de dar existencia a una cosa”, es decir la antítesis de una ensoñación que se explica como el “suceso, proyecto, aspiración o cosa que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice”. Como también es difícilmente entendible que los magistrados afirmen que no hubo violencia “instrumental, funcional y preordenada de forma directa”, cuando desde las instituciones catalanas se llamó, y se sigue llamando a la insurrección, se produjeron graves altercados de orden público, agresiones a las fuerzas de seguridad, ultrajes a las instituciones del Estado y enfrentamientos con heridos. Máxime cuando esos mismos magistrados aluden en su condena a Jordi Cuixart, que “alentó, entre otras muchas personas un levantamiento tumultuario”, usando “vías de hecho y fuerza física”.

Contradicciones que también se dan, y relevantes, en Pedro Sánchez y el Gobierno que se revisten de estadistas para negar los indultos a los condenados, realizar declaraciones de firmeza frente a la reacción violenta de los independentistas, proclamarse garante de la seguridad y el orden Constitucional y llamar a la unidad de los partidos constitucionalistas. Palabras que luego se desmiente cuando pasan de las palabras a los hechos y Sánchez sigue gobernando con los independentistas en la Diputación de Barcelona y en 34 ayuntamientos catalanes. O cuando su compañero y mentor Miquel Iceta se desmarca del bloque constitucional y no apoya la moción de censura contra Torra en Cataluña; o cuando el PSC vota en el Parlamento catalán una resolución a favor de los terroristas y para expulsar a la Guardia Civil de esa Comunidad.

Y lo que es más alarmante, a qué espera para aplicar la Ley de Seguridad Nacional en una comunidad donde se han asaltado el aeropuerto y se ha impedido el tráfico ferroviario y por carretera, donde se han intentado asaltar los edificios estatales, se agrede físicamente a quienes discrepan de la independencia, se destrozan comercios y mobiliario urbano y se impide el desarrollo normal de la vida de los ciudadanos.

Desórdenes y violencia desatada que se alientan desde el gobierno autonómico y su presidente que no sólo han declarado públicamente que empatizan con los energúmenos sino que insisten en persistir en la ilegalidad, no acata la sentencia, y promete “no desfallecer nunca” en la lucha por la independencia.