El relevante objetivo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) respecto a la  estrategia energética ha chocado con la posición de Alemania, principal accionista de la entidad comunitaria. El BEI ha abierto un debate el pasado martes en una reunión celebrada en Luxemburgo que supondría, en caso de aprobación, un cambio de su política de financiación de proyectos: el fin de la financiación de planes relacionados con energías fósiles a partir de finales de 2020.

Ante esta posible línea de actuación, radical respecto al reciente pasado -el BEI destinó recursos por 13.000 millones de euros desde 2013 a inversiones para la extracción y transporte de gas-, los representantes de la canciller Ángela Merkel han ejercido su capacidad para echar para atrás la propuesta.

La razón es bastante comprensible; Alemania salva el gas que necesita para cubrir las necesidades de suministro de empresas y clientes domésticos: una energía que les es imprescindible. La desunión entre los miembros del BEI se percibe, asimismo, en los votos de Italia y Polonia, que tampoco desean el fin de los apoyos al gas. España, según medios consultados, refleja con mensajes contradictorios la situación que atraviesa supone un Gobierno en funciones.

El BEI quiere, pese a estos obstáculos, convertirse en una especie de banco verde, destinando el 50% de sus recursos a proyectos ligados a la lucha contra el cambio climático. De momento, 1.000 millones de euros en 2020-2030. Y ante la posición que ha paralizado el plan original, al reacción oficial es que necesitan más tiempo para alcanzar una cuerdo.

Para las empresas españolas relacionadas con las infraestructuras gasistas, la revisión de los objetivos del BEI no deja de ser una buena noticia, cuando -especialmente Enagás y Naturgy- están afectadas por los recortes de la retribución a parte de sus activos aprobado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).