Un equipo de 140 personas asentado en Bratislava (Eslovaquia) lanzará inspecciones de trabajo a la vez en varios países de la UE para luchar contra el creciente fraude laboral, según se recoge en los estatutos de la nueva Autoridad Laboral Europea nacida hoy, informa el ministerio de Trabajo español.

La Autoridad Laboral Europea tratará de frenar el “mayor número de casos de fraude” contra los derechos de los trabajadores que se producen en la Unión Europea (UE), derivados principalmente de la movilidad entre Estados de esta fuerza de trabajo.

Según el presidente de la Comisión Europea Jean Claude Juncker, 17,5 millones de personas viven o trabajan hoy en otro Estado miembro, una situación que aconseja “mejorar la cooperación” entre las autoridades laborales de los distintos países, detalló el mandatario durante la la sesión de apertura de la nueva agencia comunitaria.

El nuevo organismo se encargará por un lado de fomentar la movilidad laboral entre los países comunitarios, facilitando información y servicios a las empresas y trabajadores sobre sus derechos y obligaciones al moverse dentro de la Unión.

También reforzará la cooperación entre los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación en materia laboral, llegando incluso a facilitar inspecciones “concertadas y conjuntas” y luchando contra el trabajo no declarado.

Finalmente el organismo mediará en la búsqueda de soluciones cuando surjan conflictos por las competencias de cada Estado.

Cuando alcance su pleno funcionamiento, la Autoridad Laboral Europea contará con una estructura permanente compuesta de 140 personas. Un consejo de administración será el órgano de gobierno, formado en el caso de España, por la directora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, María Soledad Serrano Ponz.

“La nueva Autoridad Laboral fortalecerá la cooperación en la lucha contra el fraude transnacional en el ámbito social, favoreciendo la protección de los derechos de las personas que se desplazan por el territorio comunitario, la competencia leal entre las empresas y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social”, afirmó Serrano.