El sindicato UGT reclamó hoy un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que asegure el blindaje del poder de compra del salario mínimo. Esta subida anual, al menos igual al IPC, pemitiría evitar que los trabajadores afectados por ese mínimo legal – en torno a 2,7 millones, según los cálculos del sindicato – pierdan poder adquisitivo.

Además UGT denunció que algunas empresas, especialmente en el campo y en las llamadas multiservicios, buscan “recovecos” legales para evitar que todos los trabajadores a jornada completa cobren al menos 900 euros en catorce pagas, tal y como exige la ley desde el pasado mes de enero, tras la entrada en vigor de la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI), de un 22%.

El sindicato, que ha lanzado hoy una campaña a fin de exigir, no solo el cumplimiento de la subida del salario mínimo, sino también la de registrar la jornada, y la de contar con un plan de igualdad en todas las empresas de más de 50 trabajadores, que se asegure una subida anual del salario mínimo conforme al IPC para evitar que esta renta vea mermar su poder de compra con el paso de los años por efecto de la inflación.

Para ello, los líderes del sindicato Cristina Antoñanzas y Gonzalo Pino, vicesecretaria general y responsable de política sindical, respectivamente, exigen la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de blindar la citada subida anual del salario mínimo.

Según UGT, algunos sectores como la recolección del campo y las empresas multiservicios son las áreas donde se están detectando más incumplimientos. “Algunas empresas compensan y absorben el incremento del SMI sobre todo tipo de complementos, llegando a judicializarse en algunos casos”, han recordado.

Resistencias a registrar la jornada en construcción y dependencia

Además, el sindicato ha denunciado otros incumplimientos, esta vez en la obligación legal que desde mayo tienen las empresas de registrar la jornada de sus trabajadores. Una medida, de la que se cumplen ahora cinco meses, con un desarrollo “simbólico”, y que trata de evitar abusos en la jornada, y especialmente en la realización de horas extra no retribuidas.

Según UGT, los sectores de la construcción y la dependencia son los más proclives a saltarse el nuevo requisito legal, cuya aplicación sin embargo, se ha empezado ya a notar.

Así, en los dos primeros trimestres, el número de horas extras descendió el 11,6% respecto al mismo período del año anterior, mientras que el número de horas extra no pagadas ha sido “el menor desde 2010”, afirmaron.

Además, han recordado que el año pasado se realizaron en España un total de 300 millones de horas extra, el equivalente a 180.000 empleos a tiempo completo y a unos 2.300 millones de euros en salario brutos, así como 650 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.

“El registro diario de la jornada constituye un instrumento imprescindible para luchar contra el fraude laboral, que supone graves perjuicios para la salud de los trabajadores, para su economía, para la Seguridad Social y para el conjunto de la sociedad”, destacaron.

Sin planes de igualdad

Finalmente, el sindicato denuncia que apenas el 8% de las empresas dispone de un plan de igualdad a pesar de la obligación de contar con uno desde el 1 de marzo en todas las empresas de más de 50 trabajadores.

Los planes de igualdad no llegan al 15% de las empresas de más de 250 trabajadores y apenas al 8% de todas las empresas, subrayaron.

“El grado de cumplimiento de esta obligación hasta ahora ha sido simbólico y lejano”, denunciaron.

Además, UGT reclama “recursos económicos y humanos” a la Administración y a la Inspección de trabajo a fin de formar a negociadores que eviten el riesgo de que la nueva obligación legal se resuelva con un simple ‘corta y pega’ del plan de igualdad de otra empresa, sin adecuar sus contenidos, tal y como practican determinados “bufetes de abogados”, han denunciado.

“Ninguna empresa discrimina a las mujeres ni en el mismo grado ni por el mismo motivo que otra”, explicaron, parar detallar a continuación los tipos de discriminación más frecuentes, como en el acceso al empleo, la promoción, retribución, concesión de permisos, etcétera.

Para ello, reclamaron, es necesario impulsar el desarrollo reglamentario del real decreto-ley 6/2019, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación; así como fomentar mecanismos de seguimiento y evaluación, como las auditorias salariales.

“Hay una reticencia de los empresarios a poner en marcha de manera plena estos tres derechos que hay que cumplir porque lo dice la ley. No son negociables. La ley se tiene que aplicar y no se puede vivir siempre en la impunidad”, concluyeron.