Vivimos en una sociedad donde los políticos, los juristas y hasta los académicos optan por cambiar los vocablos y las denominaciones en lugar de resolver los problemas o arreglar las situaciones. Así el portero de toda la vida se denomina hoy empleado de fincas urbanas, lo que siempre fue recogida de basuras es ahora gestión de residuos urbanos, o la gota fría de siempre se disfraza ahora de DANA o depresión aislada en niveles altos. Por eso no es extraño que a la hora de describir lo ocurrido en Cataluña los jueces del Tribunal Supremo consideren una “ensoñación” en la sentencia del procés lo que fue una rebelión con proclamación real de independencia incluida, o que desde el Gobierno se insista en calificar de “problema de orden público” la auténtica batalla campal que ha asolado las calles y los centros neurálgicos de las capitales catalanas en los últimos días, alentadas y orquestadas por y desde un gobierno autonómico incapaz, transgresor e irresponsable.

Un problema de orden público cuyo coste el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha cifrado, nada menos que en siete millones de euros, cuantificando sólo los daños sufridos en las infraestructuras del Estado. Cifra a la que hay sumar el coste del mobiliario urbano destrozado que sólo en Barcelona se estima en 1,7 millones de euros sin contar los gastos asfaltado y reparación de aceros; mientras que en Tarragona se cuantifican en 100.000 euros estos daños y otros 150,000 euros los ocurridos en Lleida y en Girona.

Perjuicios a los que se deben añadir los daños de empresas, imagen y particulares por caídas de facturación, descenso de la producción, publicidad negativa o pérdida de oportunidad. Como muestras decir que la planta de Seat en Martorell dejó de producir unos 3.500 vehículos el día de la huelga general; que el descenso de las ventas en el comercio minorista se estima en un 30 por ciento con datos de la patronal ACOTEX; que la federación de transportistas cifra en 25 millones diarios las pérdidas en el sector, de los que 15 millones corresponden a contratos internacionales; y que los bares y restaurantes de la región elevan a 60 millones de euros las pérdidas por cancelaciones o caída de la actividad.

Son costes, señor Ábalos, que más que a un problema de orden público se asimilan a los de una sublevación, motín, o sedición y que asustan tanto como los 207 policías heridos durante los disturbios, dos de ellos de gravedad, con datos de su colega de Interior, el señor Grande Marlaska.

Y mientras, el enajenado presidente Torra se alinea con los vándalos y delincuentes y abre una investigación a los Mossos d’Esquadra y anuncia una repetición del referéndum ilegal que se traslada al parlamento autonómico con el apoyo de los grupos independentistas con los que contemporiza el PSC con Iceta a la cabeza.

Pero volviendo a la semántica, cierto es que cómo dice también el ministro Ábalos “confundir serenidad y proporcionalidad con debilidad es un error”, pero a la vista de los números cantados y de los hechos ocurridos lo que muchos empezamos a preguntarnos es ¿quién confunde los términos y desde dónde? y, sobre todo, quién protege al ciudadano? indefenso ante las fechorías de los vándalos y los desvaríos de unas autoridades regionales sediciosas. Hasta ahora, nadie.