La Sala Civil del Tribunal Supremo ha anulado por «abusiva» una cláusula de Kutxabank que establecía una comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos.

La sentencia da la razón a una acción colectiva planteada por la Uribe Kosta de Consumidores y Usuarios ‘Urkoa’ (actualmente Asociación de Consumidores Vasca EKA/ACUX), y ratifica la resolución de la Audiencia Provincial de Álava y del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria, que estimó íntegramente su demanda y condenó a Kutxabank a eliminar la indicada cláusula de sus condiciones generales.

Esa cláusula de Kutxabank establecía una comisión en concepto de Comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas o descubiertos de 30 euros. Con esta resolución, la Sala Primera del Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre la comisión de reclamación de posiciones deudoras.

En relación a la cláusula establecida por Kutxabak, el Tribunal Supremo considera que no cumple las exigencias del Banco de España para este tipo de comisiones, porque es automática y porque no discrimina periodos de mora, de modo que «basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión».

La resolución considera que, tal y como está redactada, tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo porque lo deja para un momento posterior, de manera que, a juicio del Supremo, no cabe deducir que ello generará un gasto efectivo.

El Tribunal Supremo señala que una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 3 de octubre de 2019 ha establecido, respecto de los gastos que puede conllevar un contrato de préstamo, que el consumidor debe poder comprobar que no hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen.

También cita otra sentencia del tribunal europeo e 26 de febrero de 2015, referida a una denominada comisión de riesgo, que declaró que una cláusula que permite, «sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva».

A juicio del Tribunal Supremo es precisamente la «indeterminación» de la comisión la que genera «la abusividad», puesto que supondría, sin más, «sumar a los intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto», lo que incumple la norma sobre indemnizaciones desproporcionadas y cobro de servicios no prestados.

Además, la resolución considera que la cláusula contiene «una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor», ya que debería ser el banco quien probara la realidad de la gestión y su precio. «Se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado en el contrato, o ambas circunstancias», argumenta.

“El Banco de España y la jurisprudencia entienden que el cobro de una comisión por reclamación de recibos impagados no responde a un servicio al cliente ni a un gasto. Por tanto, no hay servicio o gasto que retribuir, por lo que no puede dar lugar a ninguna comisión”, señala Patricia Suárez, presidenta de Asufin. “Las entidades deben comportarse con responsabilidad, abandonar esta práctica abusiva y no forzar a sus clientes a reclamar en los tribunales por una comisión que ya se ha declarado nula”, añade. «La jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo supone un paso más hacia delante por conseguir un sector bancario y financiero más justo y transparente”, concluye.