Gastar menos y gastar mejor. Esta es la medicina que desde las organizaciones empresariales y desde la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) están recetando al nuevo gobierno que salga de las urnas el 10-N para afrontar la crisis económica que ya está afectando al crecimiento, al consumo y al empleo. Terapia que debería ser complementada con vitaminas en forma de estabilidad política, mayor seguridad jurídica y un escenario económico realista distinto a ese cuento de La Lechera que el gobierno en funciones ha enviado a Bruselas y que las autoridades comunitarias ni le admiten ni se creen.

Cuando todos los analistas privados y los empresarios anuncian que el crecimiento económico del 2 por ciento no se va a sostener en 2020, y recordemos que la economía española es incapaz de crear empleo por debajo de esa cifra, cuando el Banco de España advierte de que el ritmo de creación de empleo se va a reducir en un 28 por ciento el año próximo, cuando el déficit público ha superado en octubre el previsto para todo el año y la deuda pública supera ya el 98 por ciento del PIB en un escenario en el que las medidas de estímulo monetario se han quedado sin espacio, y cuando el escenario internacional viene plagado de amenazas en forma de guerras comerciales, desaceleración de las grandes economías, repunte del proteccionismo y Brexit; mantener ese programa económico de 370 medidas que anunció tan alegremente Pedro Sánchez, sería una eutanasia económica que nos devolvería al peor escenario de los años nefastos del último zapaterismo que nos dejó 2,9 millones de parados.

Un programa de incremento irracional de gasto que sólo se podría sostener con una subida fiscal y de las cotizaciones sociales muy superior a esos 5.600 millones que anuncia el gobierno en funciones obviando que el nuevo escenario fiscal creado desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa está frenando la demanda interna y ha creado un escenario de inseguridad jurídica que se ve agravado por la inestabilidad política y por esa maraña de normas y leyes autonómicas que impiden el desarrollo de real de la unidad de mercado en detrimento de la productividad y de la competitividad y que desincentivan la inversión.

Recordaba esta semana la CEOE como la presión fiscal empresarial en España supone el 10,5 por ciento del PIB, 1,2 puntos por encima de la media de la UE, mientras que la proporción de la recaudación total procedente de las empresas en España es el 30,4 por ciento, frente al 26,3 por ciento de media de la Unión. Si a ello unimos “el superior nivel de economía sumergida en nuestro país con relación a Europa (en torno al 22 por ciento del PIB frente al 13 por ciento de la UE) y nuestra inferior renta per cápita es fácil concluir “la necesidad de incrementar el potencial de crecimiento de nuestra economía y la actual situación cíclica desaconsejan subidas adicionales de impuestos”.

Frente a esto, la citada AIREF cuantificaba recientemente en nada menos que 10.000 millones de euros la ineficiencia en la gestión del gasto de las Administraciones Públicas. Todo ello sin contar el lujo asiático de mantener un Estado de las Autonomías elefantiásico y que exige también una reforma y un adelgazamiento administrativo y burocrática que mejore su eficacia y sirva de verdad para mejora la vida de los ciudadanos y no para mantener a políticos y gestores de segunda fila que devienen en estómagos agradecidos de los líderes políticos de turno. Sobre todo cuando los elevados niveles de déficit y deuda pública “condicionan a futuro la sostenibilidad del Estado de Bienestar” en palabras del presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta.

Son cifras y retos que exigen la formación de un gobierno estable y una política de acuerdos entre los grandes partidos para elaborar unos presupuestos realistas y abordar las reformas necesarias en el sistema fiscal, impulso de la productividad y de la competitividad, lucha contra la corrupción y la economía sumergida, fomento de la innovación y garantía de la unidad de mercado. Reformas que permitan afrontar esta nueva crisis eliminando las incertidumbres políticas y la inseguridad jurídica como garantía de crecimiento y de creación de empleo estable y de calidad.