Las ausencias al trabajo por bajas justificadas le han costado el empleo a la presidenta del comité de empresa de Atento en Lleida. Sin embargo, los sindicatos UGT y CCOO han anunciado que recurrirán el despido de la sindicalista, además de la sentencia del Tribunal Constitucional que ha avalado la legalidad de estos despidos, basándose en la reforma laboral de 2012.

UGT y CCOO recurrirán el despido de la sindicalista del primer sindicato, presidenta de Atento en la delegación que esta multinacional adquirida a Telefónica tiene en la ciudad de Lleida. La dirección de la compañía justificó el despido de la mujer basándose en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que permite el despido objetivo de un trabajador que falte el 20% o más de días laborables a su centro de trabajo de forma justificada en el plazo de dos meses.

Una vía para despedir al personal que “puede ser” utilizada por las empresas para deshacerse de los sindicalistas o de los trabajadores “más vulnerables”, alertan los sindicatos, pero que fue avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia fechada el 16 de octubre.

Según UGT y CCOO, el despido de la presidenta del comité de empresa en Atento Lleida es “un claro ejemplo de persecución sindical”, y se produce después de las denuncias por la pérdida de derechos de la plantilla en ese centro donde trabajan 200 personas, que están llamadas hoy a una concentración en protesta por el despido.

Recurren a la justicia europea

Además, los sindicatos afirman que llevarán tanto este despido como todos los que se produzcan por igual causa, así como la sentencia del Constitucional, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por otro lado, los sindicatos han llamado a los partidos políticos que compiten en el actual proceso electoral a fijar su posición respecto a esta norma que permite el despido por bajas justificadas, cuya legalidad recoge la reforma laboral de 2012, cuya derogación reclamaron hoy una vez más las centrales sindicales.

“Esta sentencia es inadmisible y prioriza la libertad de empresa sobre el derecho a la salud de los trabajadores”, concluyeron.