Los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín, declarados formalmente en rebeldía desde julio de 2018 tras huir a Bélgica, comparecerán el próximo 15 de noviembre ante los Tribunales belgas, en la que será la primera vista para decidir sobre las órdenes europeas de detención y entrega dictadas contra ellos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La vista tendrá lugar ante un juez neerlandófono de la Cámara del Consejo (Tribunal de primera instancia de Bruselas), después de que ambos fueran interrogados por el juez de instrucción el jueves durante varias horas y los dos políticos catalanes rechazaran ser entregados a España, según ha informado la Fiscalía. Llarena reclama a Comín por los delitos de sedición y malversación, mientras que a Puig solo por malversación.

El juez de instrucción dejó en libertad sin fianza, pero con medidas cautelares, a Puig y Comín, por lo que no podrán abandonar el país sin permiso del juez mientras se decide sobre su extradición y deberán estar siempre localizables.

Comín alegó que goza de inmunidad como eurodiputado para evitar la extradición, pero el juez de instrucción concluyó tras consultar con el Parlamento europeo que no le asiste tal privilegio y siguió adelante con el proceso. Con todo, el político independentista ha informado de que volverá a evocar la inmunidad ante los tribunales belgas.

Los abogados de Puig y Comín ya han dicho que, como ocurrió en el caso del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, la defensa solicitará un aplazamiento para tener más tiempo para preparar el caso y aspira también a poder acumular los expedientes, de modo que sus euroórdenes y la de Puigdemont sean examinadas en el mismo proceso.

Sin embargo, fuentes judiciales advierten de que es «poco probable» que la demanda de integrar los casos sea posible porque los tiempos no son los mismos, habida cuenta de que Puigdemont ya ha comparecido una vez ante el Tribunal su vista fue aplazada hasta el próximo 16 de diciembre.

Plazos para resolver la euroorden

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre las entregas o no de Puigdemont, Puig y Comín a las autoridades españolas, las partes en el proceso –Fiscalía belga y defensa– dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont y los exconsellers, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen «razones serias» para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.