Con su papeleta, los electores designarán a los ‘dueños’ de los 350 escaños del Congreso y a los 208 del Senado entre las 1.276 candidaturas que concurren a estos comicios.
A continuación, algunas de las cifras que marcarán la jornada electoral:
-La población de derecho –empadronada en España– la conforman un total de 46.722.980 personas, de las cuales sólo están llamadas a votar las 37.000.608 inscritas en el censo electoral.
MÁS DE DOS MILLONES DE VOTANTES EN EL EXTERIOR
De esos potenciales votantes, 34.872.049 ciudadanos viven en España y los otros 2.128.559 residen en el extranjero y, para poder ejercer su derecho al voto, debieron de pedirlo por anticipado. Las autonomías con más españoles emigrados son, por este orden, Galicia (461.255 electores), Madrid (313.660), Andalucía (249.246) y Cataluña (244.813).
-Por grupo de sexo, hay un millón más de mujeres que de hombres en el censo de electores con residencia en nuestro país: 17.997.198 féminas y 16.874.851 varones.
– Hay 226.771 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales –apenas han pasado seis meses desde las últimas legislativas–, lo que supone un 0,61% de todos los ciudadanos con derecho a voto. El grueso de los electores se sitúa entre los 40 y los 59 años.
– La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,57 millones, seguida de Cataluña (5,61), Madrid (5,08) la Comunidad Valenciana (3,66), Galicia (2,69) y Castilla y León (2,11). Entre las más pequeñas, al margen de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, figuran La Rioja (250.211 electores), Navarra (512.820) y Cantabria (501.672).
1.276 LISTAS PARA 558 ESCAÑOS
– Este 10 de noviembre se adjudicarán 558 escaños: 350 diputados elegidos en 50 provincias más Ceuta y Melilla (52) y 208 senadores repartidos entre 59 circunscripciones.
– A estos comicios concurren 1.276 candidaturas, de las que 626 optan a ocupar alguno de los escaños en el Congreso y 650 en el Senado. Por cada escaño de la Cámara Baja competirán un total de 4.456 personas y 1.276 lo harán por los 208 escaños de la Cámara Alta.
– De los 4.456 aspirantes a ocupar un sillón en la Cámara Baja, 2.150 son mujeres (48,24%) y 2.306 son hombres (51,75%), mientras que son 1.276 los candidatos a la Cámara Alta, de los que 737 son varones (57,75%) y 539 son féminas (42,24%).
211.000 URNAS Y 68 MILLONES DE SOBRES
– Se prevé que se abran un total de 22.867 colegios o locales electorales en 8.131 municipios, en los que se instalarán 59.538 mesas. Los votantes se dividirán en 36.302 secciones electorales y podrán emitir su voto en aproximadamente 211.000 urnas. Se habilitarán alrededor de 58.000 cabinas para utilizarlas si los electores optan por introducir su papeleta en el sobre lejos de miradas indiscretas.
– En esta ocasión, la Administración General del Estado ha confeccionado 400 millones de papeletas con los nombres de los aspirantes al Congreso y al Senado, así como 68 millones de sobres de votación.
A estas cifras hay que añadir los sobres y papeletas impresos por los partidos para remitirlas por correo al domicilio de los votantes, lo que se conoce como ‘mailing’.
– Para controlar las votaciones y realizar el recuento en los colegios han sido elegidos 178.614 miembros titulares de las mesas electorales (un presidente y dos vocales en cada una) y 357.228 suplentes. Los titulares cobrarán 65 euros netos en concepto de dieta por esta tarea y, para llevarla a cabo correctamente, podrán consultar los 905.000 manuales de instrucciones que se han impreso.
– Por la limpieza del proceso velarán, como han hecho desde el inicio del periodo electoral, la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso de los Diputados, 50 Juntas Electorales Provinciales y 303 Juntas Electorales de Zona.
Las elecciones costarán 136 millones y elevan a casi 520 el coste de las generales desde 2015
La repetición de las elecciones ha obligado al Gobierno a aprobar una modificación presupuestaria para poder pagar los gastos de la maquinaria electoral por el 10N, con un coste que se acerca a los 136 millones de euros, cifra similar a la de las generales de abril.
Serán así 520 los millones gastados desde diciembre de 2015 hasta ahora en las cuatro elecciones generales celebradas, tres de ellas, anticipadas: unos 130 millones los comicios de 2015 y otros tantos los de 2016, y casi 135 y 136 millones, respectivamente, los de este año.
Pero el coste electoral total de 2019 va más allá de las generales porque incluye también las municipales, autonómicas y europeas del pasado mes de mayo. Entre los tres procesos suman 470 millones de euros, según admitió el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2020 que envió a Bruselas, en el que añadía que esto ha provocado un aumento del gasto corriente de las administraciones públicas hasta el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO
Para pagar las elecciones de abril, el Consejo de Ministros tuvo que aprobar el 1 de marzo una ampliación de crédito por 134,84 millones de euros. Para estas de noviembre, se ha aprobado una modificación presupuestaria por 136 millones sin necesidad de autorización por el Consejo de Ministros. Eso significa que el coste de la triple convocatoria electoral de mayo fue de otros 190 millones, hasta llegar a esos 470 recogidos por el Gobierno en las cuentas que envió a Bruselas.
Sea por un procedimiento o por otro, el Ejecutivo tiene que hacer frente a un gasto imprevisto y millonario para que el Ministerio del Interior organice unas nuevas elecciones. Con ello se paga desde el trabajo de Correos para hacer llegar el voto a distancia o la propaganda, hasta la impresión de papeletas o sobres y el despliegue de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Al margen de este gasto quedan las subvenciones a los partidos políticos para que afronten los comicios, que no se incluyen en este presupuesto.
CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA
El Ministerio del Interior ha adjudicado los contratos para pagar toda la maquinaria electoral por el procedimiento de emergencia, amparado por la Ley Electoral en el caso de que se repitan los comicios. Además, todos ellos han sido ofrecidos a las empresas que resultaron adjudicatarias de los mismos en las generales de abril, salvo en los contratos menores y en aquellos casos en que las empresas han rechazado la invitación por no poder llevarlos adelante.
Así es como se han encargado de nuevo sobres, manuales de miembros de mesa, ‘kits’ de material de oficina, campañas institucionales, ‘kits’ de voto accesible (voto braille), el contrato asistencias técnicas, el arrendamiento y acondicionamiento de espacios (alquiler de IFEMA para el centro de prensa desde donde se sigue el escrutinio) y el contrato de difusión del escrutinio provisional (adjudicado a Indra).
Sólo el trabajo de Correos supone el 40,6% del presupuesto total, el capítulo más caro, 56,5 millones de euros para tramitar el voto a distancia, los avisos a los miembros de la mesas electorales, los recursos, la propaganda electoral, etc.
Otro 14,5% del gasto presupuestado (20 millones) se lo lleva lo que se denomina administración electoral. Recoge el coste de las Juntas Electorales, que son las que supervisan el proceso, y el de las mesas de votación, en las que trabajaron 180.114 personas en las elecciones de abril. Cada una de ellas cobra una dieta de 65 euros por la jornada y tiene derecho a una reducción de la jornada laboral al día siguiente.
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