«Una vez que termine esta investigación quedará muy claro que el Grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar, sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco», señala el expresidente del banco, Francisco González, a los medios de comunicación a su salida de la Audiencia Nacional, tras declarar como investigado (imputado) en el escándalo Villarejo.

En una declaración sin preguntas, Francisco González asegura  que ha contestado «con toda transparencia y toda claridad» al instructor y al Ministerio Público.

«En mayo de 2018 tuvimos conocimiento de que el Grupo Cenyt había prestado algunos servicios al Grupo BBVA. Inmediatamente abrimos una investigación para determinar el alcance de dichos trabajos. Posteriormente, se abrió una pieza judicial», relata.

El BBVA «es una gran institución internacional enormemente respetada que trabaja en beneficio de clientes y accionistas y que también presta servicios relevantes a la sociedad», añade.

Se enteró por la prensa

Francisco González ha declarado en la Audiencia Nacional que supo por la prensa de la existencia de contratos entre la entidad y las empresas del comisario jubilado y ahora en prisión provisional José Manuel Villarejo en mayo de 2018, ya que nunca vio ningún expediente porque las relaciones con proveedores no pasaban por su mesa.

En una declaración de más de dos horas y media, afirma que fue entonces cuando ordenó abrir una investigación interna al despacho Garrigues.  Los primeros resultados le llegaron en septiembre de aquel año, cuando tuvo por primera vez constancia de la existencia de los negocios con Cenyt.

Precisa que no le consta ninguna actuación ilegal o irregular encomendada desde el banco y que los sistemas de control y cumplimiento normativo de la entidad jamás detectaron conductas de este tipo en las contrataciones.

Afirma que nunca ha conocido a Villarejo ni a su socio en Cenyt Rafael Redondo ni a ningún otro miembro de este grupo. Tuvo conocimiento de la intervención de Redondo en un asunto privado, pues descubrió que el jefe de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, recurrió a él como asesor para solucionar un problema de seguridad que tenía con una vivienda en Málaga. Ha señalado que, en todo caso, esto fue después de que saltase el caso.

La Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado la interposición de medida cautelar alguna, decisión que de entre la decena de directivos y exdirectivos del banco que han pasado ya por la Audiencia Nacional, sólo se ha acordado en el caso del que fuera jefe de Seguridad, Julio Corrochano, a quien se fijó una fianza de 300.000 euros.

Otras declaraciones

En la jornada también comparecía además el que fuera director de comunicación del BBVA, Javier Ayuso, como testigo. Ha respondido a las preguntas del juez y los fiscales durante unos 45 minutos.

El policía que en segunda actividad trabajaba para las empresas de Villarejo, Antonio Bonilla, se ha acogido a su derecho a no declarar por estar la causa bajo secreto.

El martes 19 de noviembre será el turno de Juan Asúa, Senior Advisor to the Chairman, nombrado por el sucesor de Francisco González, Carlos Torres, en diciembre de 2018, y de Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del BBVA, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno del banco.

También están citados el que fuera jefe de Riesgos de la entidad, Manuel Castro; y los sucesivos responsables de los servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, todos investigados por los mismos delitos de cohecho y revelación de secretos.

El miércoles, día 20, será la representación legal del banco la que acuda a la Audiencia Nacional, pues BBVA está imputado como persona jurídica por cohecho y también por corrupción en los negocios.

En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, así como la sustituta de Corrochano en Seguridad Inés Díaz Ochagavia;y el jefe de grupo en este área Nazario Campo Campuzano. También han comparecido como investigados el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo, su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas; y el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el único de todos los imputados junto a Francisco González que ha optado por responder al interrogatorio en lugar de acogerse a su derecho a no declarar, y que posteriormente fue despedido del banco tras ser cesado como presidente de la Operación Charmartín.