El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, considera que la Oferta Pública de Adquisición de acciones (opa) que Six Group, la sociedad gestora de la Bolsa suiza, ha lanzado sobre BME es «razonable y legítima», aunque el Gobierno, responsable de autorizar la operación, puede poner condiciones para garantizar que la adquisición no perjudica al funcionamiento y estabilidad del mercado.

En declaraciones a los medios tras su intervención en la Convención Anual Financiera 2019 organizada por la Asociación de Mercados Financieros (AMF), Albella ha indicado que la opa es «una operación normal» y «perfectamente razonable y legítima», en la medida en que las compañías cotizadas están expuestas a que otra sociedad quiera tomar su control.

En esta operación, la CNMV cuenta con una doble responsabilidad: la de garantizar, como en cualquier opa, que las ofertas llegan a sus destinatarios, y la de asesorar al Gobierno, que debe autorizar la posible adquisición, al ser BME el titular, al 100%, de las infraestructuras y mercados de capitales español (la Central de Depósito Española, la Cámara de Contrapartida Central y de las Bolsas).

Para salvaguardar que la adquisición «no perjudica al ordenado funcionamiento del mercado y a su estabilidad», la normativa española y la europea exigen este requisito de autorización, un trámite en el que el Gobierno podría imponer condiciones para asegurar el mantenimiento de la infraestructura, ya que Six no es una empresa de la UE, sino suiza.

«Es una posibilidad que hay en un trámite de este tipo, que la autorización se conceda con condiciones, con la exigencia de la asunción de compromisos, y es una cosa que se va a valorar», señala Albella.

El presidente de la CNMV cree que la opa de Six sobre BME se resolverá en varios meses, aunque depende de tres reglamentos europeos con plazos «ligeramente diferentes» (uno de ellos habla de 90 días hábiles, indica): entradas de depósitos, a los mercados regulados y a las cámaras de contrapartida central.

«Tenemos que analizar en detalle los aspectos de procedimiento y de plazos. También los aspectos de fondo, del impacto sobre el funcionamiento de los mercados de valores españoles, la idoneidad del adquirente, etcétera», precisa.