Treinta y siete millones de españoles hemos sido llamados a construir el futuro de nuestro país eligiendo en las urnas a quienes nos van a representar durante la próxima legislatura. Pero se trata de una quimera: el valor de un voto es diferente según donde se deposite. Cada papeleta no equivale a la puesta en marcha de una ilusión con igualdad: según el territorio, un voto vale más que otro.

Aunque nuestro sistema electoral es supuestamente proporcional, el modelo de circunscripción provincial provoca distorsiones que benefician a los grandes partidos y a las formaciones nacionalistas y regionales. Sin embargo, penaliza a otras siglas que se presentan en todo el país. El resultado es tan anómalo que implica que quienes obtienen casi trescientos mil votos a nivel nacional se quedan sin escaño frente al diputado que consiguen las diecinueve mil papeletas de los que se presentan en una única provincia. Los ciudadanos comienzan a revolverse e incluso a tacharlo de antidemocrático: ¿es representativo (y justo) un escaño por menos de veinte mil votos en un censo de treinta y siete millones?

Cada vez se alzan más voces que exigen establecer límites mínimos de acceso para que los regionalismos no tergiversen la realidad del país. Y porque esos diputados acaban convirtiendo su voto en mercancía de venta al mejor postor, obviando el interés general y agraciando a su provincia. Acabamos financiando reclamaciones caprichosas y poco rentables en detrimento de prioridades generales como la sanidad pública, educación, infraestructuras o pensiones.

Pero lo más grave es jugarse el porvenir frente a requerimientos insolidarios. Los partidos nacionalistas e independentistas siguen marcando la agenda institucional; obstruyen las decisiones de Estado que afectan al devenir de la Nación. Es intolerable que formaciones que tienen porcentajes ínfimos respecto al total ejerzan semejante presión e influyan en los asuntos capitales e institucionales del conjunto de los españoles.

Pactar con nacionalistas es estéril: no defienden la igualdad. Resulta disparatado sustentar los pilares de cualquier gobierno dependiendo de formaciones que no creen en la unidad. Sus únicos principios son mantener privilegios para ellos y los suyos; su reiterativo discurso se basa en la lucha territorial y la tediosa identidad. Se pueden negociar temas puntuales, propuestas concretas, pero en ningún el caso se debe dejar en sus manos el Gobierno de España. Urge modificar la Ley Electoral sin demora ni excusas. Plantearse imponer un límite para acceder al Congreso, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Si no se alcanza un determinado porcentaje nacional no se obtiene representación. O adoptar el sistema de segunda vuelta con los dos partidos más votados.

Algunos han sido víctimas de la ley electoral por su propia voluntad, pero ha llegado el momento de que todos dejemos de serlo, de actualizar un sistema retroalimentado por el bipartidismo que nos gobernó durante décadas aupando a minorías egoístas y radicales. Así se evitarán los chantajes permanentes de aquellos mesías de miras estrechas y bolsillos anchos. Hay que erradicar las imposiciones injustas y las coacciones: es descabellado que para formar gobierno la voluntad de los que detestan a España tenga más valor que los que la quieren.

                      Carmela Díaz