El seguro se examinará sobre el cambio climático en 2020

22/11/2019

Miguel Ángel Valero. Se realizará un análisis de sensibilidad de los activos de las aseguradoras a la transición hacia una economía baja en carbono, que incluirá también los riesgos financieros para las carteras de inversiones, y unas pruebas de resistencia a los impactos vinculados al clima.

Joaquín Garralda, presidente de Spainsif; Iratxe Galdeano, socia de Afi, y Elena Tejero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En 2020 se realizará un análisis de sensibilidad de los activos de las aseguradoras a la transición hacia una economía baja en carbono, que incluirá también los riesgos financieros para las carteras (bonos, renta variable e inmuebles) y que pretende valorar también el impacto en los activos físicos ante potenciales reclamaciones por catástrofes climáticas. Al mismo tiempo, Eiopa, el supervisor europeo de seguros y pensiones, realizará unas pruebas de resistencia (‘stress-test’, en la jerga del sector financiero) sobre el impacto de los riesgos ligados al clima.

Elena Tejero, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, anuncia también en el seminario ‘Implicaciones del sector asegurador español en la inversión sostenible’, organizado por Spainsif con la colaboración de Afi, que en diciembre de 2019 estará listo el reglamento marco sobre inversiones sostenibles. Esta norma pone el foco en la taxonomía como herramienta de clasificación de las actividades económicas sostenibles, que son aquellas que «contribuyen sustancialmente a la mitigación y adaptación al cambio climático», las que «contribuyan sustancialmente a objetivos medioambientales», y también las que «no causan un daño significativo».

A mediados de 2020 se pondrá en marcha la Plataforma Permanente de Finanzas Sostenibles,. que actuará como órgano asesor de la Comisión Europea.

Elena Tejero recuerda que desde el 22 de marzo de 2019 está el reglamento de divulgación sobre inversiones sostenibles y sobre riesgos de sostenibilidad, que impactan en normas como los Ucits, MiFid II, Solvencia II o la Directiva de Distribución (IDD), entre otras.

Dentro de Solvencia II y siguiendo el principio de «persona prudente», la aseguradora debe informar de las situaciones que puedan afectar a sus inversiones financieras, de los impactos adversos de decisiones de inversión en los factores de sostenibilidad, y de las políticas de remuneración y su consistencia con la integración de esos riesgos. La función actuarial deberá hacer una referencia expresa a la consideración de los riesgos de sostenibilidad en la política de suscripción. El sistema de gestión de riesgos debe incluir una referencia explícita a que la identificación y evaluación de los ligados a la sostenibilidad es suficiente, y a su consideración al menos en suscripción y en inversiones.

En la información previa al contrato del producto, la aseguradora, y los intermediarios y asesores que participen en la operación, deben comunicar la integración de los riesgos de sostenibilidad en las decisiones de inversión, y el impacto en caso de devolución.

En los Actos Delegados de IDD deben contemplarse los conflictos de interés y garantizar que la inclusión de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en el proceso de asesoramiento al cliente no genera ventas erróneas. La aseguradora debe considerar las preferencias ASG en la aprobación de productos y determinar si éstos van a ser distribuidos entre clientes que buscan seguros con ese perfil sostenible.

Elena Tejero subraya que la norma plantea «si los factores ASG deben ser considerados solamente si los solicita el cliente, o si en cambio debe ser el distribuidor el que de el primer paso».

Atención a la suscripción y a la fijación de precios

Ante la posibilidad de que no se reflejen plenamente los riesgos financieros relacionados con el clima en la valoración de los activos y de que no se tengan en cuenta explícitamente en las políticas de suscripción y de fijación de precios de los seguros, la DGSFP reclama a las compañías análisis de escenarios sobre el cambio climático, para medir su resistencia a diferentes situaciones y el impacto a largo plazo de la estrategia.

Elena Tejero pide un enfoque «prospectivo», integrando los factores ASG en la estrategia, en las inversiones y en la política de suscripción, con el lanzamiento de productos que aborden y mitiguen los riesgos derivados del cambio climático, con ajustes en el diseño y en la fijación de los precios de las pólizas, y potenciar la consultoría a clientes para la prevención y para la concienciación sobre los riesgos climáticos.

Integración en la gestión y en el mapa de riesgos

Joaquín Garralda, presidente de Spainsif, subraya que la sostenibilidad es un concepto «muy asumido por el seguro», pero señala que el problema de los escenarios «supera las técnicas actuariales» y que «las catástrofes naturales son riesgos muy difíciles de medir», por lo que reclama que «supervisores y reguladores definan qué es un riesgo catastrófico».

Para Iratxe Galdeano, socia de Afi, las amenazas ligadas a la sostenibilidad no tienen sólo carácter reputacional, sino que son fuente de riesgo financiera, por lo que han de formar parte de la gestión de riesgos, y también del mapa de éstos».

También destaca la valoración del impacto de cambio climático en las pruebas de resistencia y en Solvencia II, y la inclusión de las preferencias de inversión socialmente responsable (ISR) en los test de idoneidad. El creciente interés de los inversores se traduce en una exigencia de los criterios ASG en sus carteras.

Los riesgos medioambientales afectan sobre todo a Seguros Generales. La experta de Afi subraya que el 70% de las pérdidas por incendios entre 1980 y 2018 se produjeron en los tres últimos años. Aunque el repricing anual permite reajustes por frecuencia y severidad de los siniestros, cada aseguradora debe analizar cómo se verá afectado su negocio teniendo en cuenta las tendencias climáticas a largo plazo y que la Unión Europea quiere incluir estos riesgos en el cálculo del capital regulatorio.

Los riesgos sociales apuntan más al seguro de Vida y al de Salud. El envejecimiento y la longevidad incrementan la demanda de seguros de jubilación y de coberturas de salud y de dependencia. «La gestión integrada de activos y pasivos se complica por las duraciones más largas y por las restricciones de riesgos», avisa Iratxe Galdeano, que subraya que los seguros de Salud están más expuestos a «riesgos regulatorios y políticos».

La migración y la urbanización incrementa la densidad de población en zonas costeras propensas a inundaciones, lo que dispara las pérdidas económicas por eventos climáticos.

El seguro está desinvirtiendo en compañías dependientes del carbón o con actividades contaminantes, pero la experta de Afi alerta de las posibles reclamaciones de clientes si se asegura a empresas que causen daños ambientales que les afecten. 

Las compañías piden más visibilidad a su compromiso

Pedro del Pozo, responsable de Economía y Finanzas de Unespa, resalta las acciones del seguro sobre sostenibilidad y cambio climático, pero también los criterios ASG: diversidad, conciliación, formación, captación de talento, marketing responsable, transparencia, cultura de riesgos, y destaca la participación en el Centro de Finanzas Sostenibles Responsables. «El seguro debe tomar la iniciativa, no esperar a que lo pida el regulador», insiste.

Eduardo Ripollés, director de Negocio Institucional de Mapfre, cree «necesario juntar todo lo que hacemos, como sector y como compañía, para hacer más visible la propuesta de valor». Reclama productos sostenibles que sean «líquidos» y que «tengan en cuentan que el perfil mayoritario en España es conservador, por lo que no todo puede ser renta variable»

Víctor Daniel González, director general de Cajamar Vida, resalta el incremento de los costes para las aseguradoras, y pone el acento en la transparencia y en «qué es realmente un seguro responsable»

Luis de la Fuente, responsable de gestión de compañías de seguros e inversiones de RGA, advierte que «no se puede sustituir un activo hasta que no encuentras otro más adecuado», que se necesitan «recursos, tiempo, formación y un marco regulatorio» para la inversión sostenible y responsable.

 

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