La banca debe establecer límites de tipo ético a la tecnología para proteger a sus clientes

26/11/2019

diarioabierto.es. "Los nuevos canales digitales, junto con la pérdida de relevancia de las oficinas físicas o el masivo volumen de datos que atesoran las grandes compañías digitales, combinado con su enorme capacidad de análisis y extracción de valor de esos datos, amenazan el dominio de la banca sobre el negocio propiamente bancario", advierten la Fundación de Estudios Financieros y el bufete Uría Menéndez. // Documento de trabajo

La Fundación de Estudios Financieros (FEF) y el bufete Uría Menéndez han presentado el documento de trabajo de la iniciativa “La Banca en el Siglo XXI: retos y respuestas”. El objetivo de este proyecto es analizar la situación en la que se encuentra el sector y hacer propuestas para mejorar la percepción que tiene en la sociedad.

Los primeros tres talleres de la iniciativa han contado con la participación de entidades financieras, empresas prestadoras de servicios de tecnología, FinTech y académicos, y se han dedicado a:

1.-analizar el impacto del uso del Big Data y la Inteligencia Artificial en el sector financiero,

2.-el marco normativo de los negocios FinTech frente al aplicable a la banca tradicional

y 3.-las relaciones entre los distintos actores  desde la perspectiva del Derecho de la competencia.

El uso de herramientas de Big Data y de Inteligencia Artificial genera grandes oportunidades y beneficios para las entidades financieras, que pueden mejorar sus procesos y negocios, pero también para los clientes y para el mercado, que ven cómo se mejora la ciberseguridad del sector, la prevención del fraude o su satisfacción con productos y servicios cada vez más acordes con sus necesidades.

Pero estas herramientas no están exentas de retos tanto jurídicos como éticos. Existe una tensión natural entre las tecnologías de uso intensivo de datos personales y la normativa de protección de éstos. Por ello, la implantación de estas herramientas exige que las entidades financieras lleven a cabo una correcta gestión de riesgos y la aplicación de principios como el de proporcionalidad o el de responsabilidad activa que les permita no solo identificar y cumplir con los límites establecidos regulatoriamente sino también establecer límites de tipo ético al uso de estas tecnologías para proteger a sus propios clientes.

Por otro lado, la tecnología de los nuevos canales digitales junto con la pérdida de relevancia de las oficinas físicas o el masivo volumen de datos que atesoran las grandes compañías digitales, combinado con su enorme capacidad de análisis y extracción de valor de esos datos, amenazan el dominio de la banca sobre el negocio propiamente bancario.

Existen además otros factores que no surgen de manera natural del nuevo entorno tecnológico y que perjudican de manera clara y evidente la capacidad competitiva de la banca frente a otros operadores que actúan en el entorno Fintech. Desigualdades especialmente gravosas dada la proliferación normativa que se ha desencadenado tras la crisis financiera, y que en parte se justifican en razones de supervisión prudencial para proteger la solvencia de las entidades, la estabilidad del sistema y los clientes.

Las aproximaciones legislativas se rigen por el principio “mismos riesgos, misma regulación”. En línea con esta neutralidad legislativa, la demanda del sector bancario no es que las normas bancarias resulten de aplicación a las entidades FinTech si no prestan los mismos servicios que los bancos, sino adaptar esas normas para que se apliquen a las entidades de crédito únicamente en las actividades desarrolladas en ese ámbito, de tal modo que se garantice plenamente la competencia en el mercado en beneficio del cliente.

La cuestión del acceso por parte de las FinTechs y BigTechs a los datos de clientes de las entidades bancarias es una de las principales problemáticas que ha originado la irrupción de la economía digital en el sector financiero, y que está siendo analizada tanto desde la perspectiva puramente regulatoria como desde la perspectiva de defensa de la competencia.

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