La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) publica su tradicional informe sobre las actuaciones del Gobierno en materia de ciencia e I+D+i. La conclusión no es muy favorable al Ejecutivo: “las medidas que se han llevado a cabo durante la pasada legislatura han sido escasas y no han sido efectivas para resolver los problemas puntuales que impiden el normal funcionamiento de la actividad investigadora”.

El informe refleja la preocupación de la comunidad científica española respecto a la actuación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Lo que en un primer momento fue interpretado como un cambio de rumbo de las políticas científicas ha dejado paso a «serias dudas».

La breve duración de la legislatura, unida a la incertidumbre política y a un Gobierno en funciones, no ha permitido a este Ministerio proponer iniciativas que atiendan
a las necesidades más urgentes de la comunidad científica española, ni adquirir peso dentro del Consejo de Ministros.

Perla Wahnón, presidenta de la COSCE, señala que “consideramos absolutamente
necesario mantener un Ministerio propio con mayor peso político y unos objetivos más precisos y ambiciosos». «La desaparición o la fragmentación del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación iría en sentido contrario al de los países de nuestro entorno y complicaría la interlocución con la nueva Comisaría europea, que concentra investigación, innovación y educación”, argumenta.

Relama un pacto de Estado «que dé continuidad a las políticas científicas, desligue la ciencia de los ciclos políticos y garantice un crecimiento mantenido y sostenible de la inversión”.

La COSCE no echa toda la culpa al Gobierno. Exige que los partidos políticos suscriban un Pacto por la Ciencia, como reclama el Manifiesto por la Ciencia, impulsado por las sociedades científicas en 2017. Este documento reclama una mayor importancia de la ciencia en la sociedad así como mejorar los niveles de progreso, tecnología, calidad de vida y conocimiento, fijados como objetivos para el siglo XXI.

«Que el desarrollo de las políticas científicas dependa únicamente de los Gobiernos de turno es algo que no asegura el progreso necesario», insisten en la COSCE. “La ciencia debe ser una parte fundamental de las políticas de Gobierno, al margen de cambios circunstanciales y políticos en recursos e instrumentos. Por ello, se propone la creación de un itinerario pactado que impulse un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación de calidad, independiente, eficaz y eficiente”, señala el Informe.

Éste también constata la falta de compromiso por parte de los poderes públicos para que la ciencia y la investigación conviertan a España en una sociedad y una economía basadas en el conocimiento y en la innovación.

En definitiva, la  COSCE reclama que la ciencia esté en el centro de las políticas públicas.

Opacidad y burocracia

El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación adolece de falta de transparencia en el mecanismo de evaluación e información, lo que acaba generando una excesiva burocracia. Las expectativas generadas con la creación de una Agencia Estatal de Investigación contrastan con los problemas estructurales que arrastra desde su concepción, excesivamente burocratizada, que influye negativamente en su gestión actual de la ciencia en España.

La disponibilidad permanente de información actualizada y accesible es una condición
necesaria para comprender los impactos generados por la actividad investigadora y evaluarla correctamente. «Es urgente disponer de un sistema integrado de evaluación e información, que facilite la toma de decisiones individuales, institucionales, regionales y estatales sobre la investigación, un sistema que ha de ser el instrumento básico para materializar la conexión entre ciencia y sociedad, y conseguir de los ciudadanos una mayor implicación, un mayor apoyo y respaldo, conscientes de que la inversión en conocimiento y nuevas ideas es la clave del progreso y del bienestar social», insiste el informe.