El Banco Central Europeo (BCE) permitirá a las entidades financieras ahorrarse hasta un 25% en consumo de capital en caso de que demuestren su apoyo a la economía baja en carbono a partir del segundo trimestre de 2021.

El supervisor ha decidido incluir en el reglamento sobre requisitos de capital (CRR) bonificaciones a las entidades que concedan financiación a operaciones orientadas hacia la transición a una economía menos intensiva en carbono.

Así lo ha decidido tras identificar en 2019 y por primera vez los riesgos climáticos como riesgo a seguir desde la perspectiva supervisora.

De este modo, a partir de su entrada en vigor, estimada para mediados de abril de 2021, las entidades financieras podrán beneficiarse de una reducción en su consumo de capital del 25%. Para ello, tendrán que mostrar un análisis suficiente que derivará en potenciales impactos en el rating y en el pricing.

Otras iniciativas

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha creado el ‘EBA Roadmap 2020’, que incorpora las consideraciones de sostenibilidad y ESG(medio ambiente, sociedad, gobernanza, por sus siglas en inglés)  en el marco regulatorio y de supervisión implicando a varias áreas, incluyendo la evaluación de riesgos, pruebas de resistencia (‘stress test’), reporting, datos y disclosure.

La Comisión Europea aconseja publicar información no financiera que incluya indicadores relevantes con el objetivo de respaldar datos cualitativos relacionados con el clima a los bancos y las entidades aseguradoras, como exposición al riesgo de crédito, volumen de garantías vinculados a activos o actividades que ayuden a mitigar el cambio climático, así como el desglose por actividad del sector de cada tipo de activo gestionado.

El Parlamento Europeo ha recomendado al Banco Central Europeo (BCE) que tenga en cuenta explícitamente el Acuerdo de París y los objetivos ESG en las directrices por las que se rigen sus programas de adquisición de deuda, lo que posteriormente podría usarse como modelo para diseñar una futura política de inversión orientada a objetivos.

En España, el artículo 26 del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición energética, del 22 de febrero de 2019, establece que el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborarán conjuntamente y cada dos años un informe sobre riesgos derivados del cambio climático.

Las tres autoridades españolas deberán coordinarse en el ámbito de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera para realizar el informe, que recogerá las sugerencias que, en su caso, considere necesarias para mitigar el riesgo.