La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha advertido de que las medidas para la transición energética que afecten a la normativa de solvencia de las entidades financieras deben ser «escrutadas en profundidad» antes de su aplicación para determinar su eficacia y alcance en términos de medición y reconocimiento del riesgo crediticio.

Así lo ha señalado en su artículo ‘Transición energética y estabilidad financiera. Implicaciones para las entidades de depósito españolas’ publicado en la edición de otoño de la Revista de Estabilidad Financiera, en el que plantea la cuestión de si la regulación financiera debería desempeñar algún papel en la transición energética, un proceso del que se derivan ciertos riesgos a los que están expuestas las entidades financieras.

En concreto, las exposiciones del sistema bancario español frente a los riesgos afectados por la transición energética representan alrededor del 25% de la cartera de préstamos dedicada a financiar actividades productivas.

Los créditos concedidos a las actividades afectadas por la transición energética han tenido una tasa de morosidad menor a la del resto de actividades productivas, aunque ello podría ser consecuencia de el mayor tamaño del acreditado o la elevada concentración empresarial, unos factores que podrían desaparecer en un escenario de transición energética, tras internalizarse los costes que genera la contaminación, y de entorno más competitivo.

Delgado ha apuntado que el grueso de los instrumentos necesarios para dicha internalización de los costes de la contaminación se encuentran en el ámbito de los Gobiernos y que el proceso implicará «un cambio estructural» de la economía y un trasvase de recursos entre sectores y empresas, en el que el sector financiero jugará su papel de canalizador de recursos.

En este sentido, se está analizando en el seno de la UE la introducción de medidas que premien o penalicen la financiación de actividades productivas más o menos contaminantes en el cálculo de los requerimientos de capital de las entidades.

Por un lado, podrían elevarse los requerimientos de capital para las actividades más contaminantes (‘brown penalizing factor’). Al aumentar los requerimientos de capital agregados, el sistema contaría con unos bancos «más solventes», por lo que «parece la alternativa más adecuada desde un punto de vista prudencial», aunque advierte de que algunos autores han criticado su «posible falta de eficacia».

Por otra parte, rebajar los requerimientos de capital para las actividades menos contaminantes (‘green supporting factor’) favorecería el flujo de crédito entre ramas y empresas, permitiendo una reasignación menos costosa de los recursos financieros. «Esta sería la alternativa más recomendable desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de adaptación», ha señalado.

Aunque la subgobernadora del Banco de España ha apuntado que las medidas destinadas a favorecer el cuidado del medioambiente «deben ser sin duda bienvenidas», ha recalcado que aquellas que puedan afectar a la normativa de solvencia «deben ser escrutadas en profundidad» antes de su aplicación para determinar su eficacia y, sobre todo, su alcance en términos de medición y reconocimiento del riesgo crediticio.

«El capital es el último elemento que poseen las entidades a la hora de hacer frente a las pérdidas que puedan surgir en el desarrollo de su actividad, por lo que cualquier medida que afecta a su solvencia debe ser plenamente examinada y contrastada», ha apostillado.

La discusión sobre la conveniencia de introducir las opciones ‘green’ o ‘brown’ en el cálculo del capital está abierta en la UE, aunque el plazo para que se materialice una eventual propuesta «es bastante dilatado».

En cualquier caso, Delgado ha resaltado que, con independencia de cuál sea seleccionada, las medidas «deberían ser temporales» y mantenerse activas «solo hasta que se complete el proceso de transición», ya que a partir de entonces las ventajas de las empresas más contaminantes ya habrían desaparecido.

«Cualquier medida permanente de este tipo debería ser mucho más específica para que no influya en la composición sectorial de la actividad», ha advertido la subgobernadora.