La intermediación financiera no bancaria (IFNB) supone el 6,7% del sistema financiero en España, con 296.000 millones de euros en 2018, según el último informe semestral de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los activos de la IFNB se situaron en 504.000 millones de euros el pasado año, un 5,3% menos que en 2017, por la disminución del saldo vivo de las titulizaciones y por el retroceso del patrimonio de los fondos de inversión, debido a las turbulencias en los mercados de finales de 2018 y al aumento de los reembolsos de los partícipes.

Las entidades pertenecientes a determinadas tipologías de fondos de inversión y los vehículos de titulización supusieron un 50,2% y un 36,6%, respectivamente, del total de la IFNB. Les siguieron los establecimientos financieros de crédito (12,1%) y, por debajo del 1%, las sociedades de valores y sociedades de garantía recíproca.

El análisis de la CNMV ha destacado la evolución de la labor de la intermediación crediticia de estas entidades, que se mantuvo estable en 2018, así como de la financiación mayorista que, a pesar de ser más relevante en términos relativos para este sector que para los bancos, muestra una tendencia descendente desde 2009.

En cuanto a los riesgos asociados a la conocida como ‘banca en la sombra’, la CNMV considera que, en general, «no se puede concluir la existencia de una amenaza relevante para la estabilidad financiera».

Riesgo de iliquidez de fondos de inversión

En el caso de los fondos de inversión españoles los indicadores analizados no son elevados excepto el correspondiente al riesgo de crédito, debido al alto porcentaje de activos crediticios en las carteras de los fondos, según este informe.

El riesgo de liquidez de los fondos de inversión se mantiene en «niveles moderados dentro de una tendencia levemente alcista», tras un repunte reciente en la preocupación de que en momentos de turbulencias algunas de estas instituciones pudieran verse en dificultades para afrontar reembolsos significativos.

A este respecto, la CNMV ha señalado que presta una «atención singular» a las condiciones de liquidez de los activos de la cartera de estas instituciones, gracias al reporte de información impuesto por la normativa española, así como a la gestión de este riesgo por parte de las sociedades gestoras.