El representante legal del BBVA, Adolfo Fraguas, argumenta ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que la entidad no incurrió en ningún tipo de responsabilidad por los contratos que durante más de una década y por importe estimado por encima de 10 millones de euros, suscribió con empresas del comisario José Manuel Villarejo para tareas diversas.

En la tercera comparecencia del banco, imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en el contexto de esos contratos, «Fraguas ha respondido extensamente a todas las preguntas planteadas y de nuevo ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para BBVA», señala el banco.

Durante los tres interrogatorios, celebrados el 20 y el 28 de noviembre y el 11 de diciembre, el juez y los fiscales han repasado uno por uno los roles que jugaron en los distintos contratos con la mercantil Cenyt de Villarejo la decena de directivos y exejecutivos investigados en la causa y se han interesado por las medidas que adoptó la entidad en cada uno de los casos.

El último contrato suscrito con Cenyt tiene fecha de junio de 2016 y fue rescindido al entrar Villarejo en prisión en noviembre de 2017, pero el banco no inició auditorías internas sobre sus relaciones con las empresas del comisario hasta que se publicaron en prensa informaciones al respecto en octubre de 2018.

Las auditorías internas han sido objeto del interrogatorio, ya que el mismo despacho que representa al banco, Garrigues, recibió la encomienda de realizar un informe ‘forensic’ sobre su situación, incluyendo entrevistas con distintos ejecutivos que ahora están siendo investigados.

Fraguasa segura desconocer varios puntos de ese análisis, incluidos esos testimonios, y se ha desvinculado del detalle de determinados encargos y no ha sabido explicar por qué ejecutivos del banco, incluso algunos no investigados en la causa, parecían tener conocimiento de los mismos a la luz de los correos electrónicos internos que el propio BBVA ha aportado a la Audiencia Nacional.

Insiste en eximir de responsabilidad al BBVA de las decisiones que pudieran haber adoptado personas físicas durante la presidencia de Francisco González, a quien no ha llegado a señalar explícitamente pero de quien ha deslizado en varias ocasiones que difícilmente habría desconocido las relaciones del banco con Villarejo.

Sí ha apuntado al exresponsable de Seguridad del BBVA, Julio Corrochano, el único de la docena de investigados en esta pieza sobre el que pesa fianza (300.000 euros) y del que se presume era interlocutor de Villarejo; al exresponsable de Riesgos Antonio Béjar, quien personalmente reconoció haber firmado contratos con una sociedad de Villarejo para la localización de morosos; y al responsable del área de Regulación y Control Interno (cesado en julio) Eduardo Arbizu, que habría estado involucrado en la encomienda de investigar a Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda.

El jueves 12 de diciembre comparece como imputadoJosé María García Crespo, que ya fue citado pero pidió un aplazamiento por razones de agenda. Se trata del que fuera director de servicios jurídicos del BBVA para España y Portugal entre 2006 y 2013, y su declaración marcará un punto de inflexión porque es previsible que se acuerde el levantamiento del secreto de actuaciones tras ésta.