Los sindicatos han concretado hoy una nueva línea en sus exigencias al nuevo Ejecutivo que negocia el socialista Pedro Sánchez. Más allá del salario mínimo, Comisiones Obreras (CCOO) pretende que el Ejecutivo reforme la figura de la inaplicación del convenio colectivo; una vía que ha servido desde 2012 para devaluar el salario de casi 350.000 personas, y cuya regulación actual – inaugurada por la reforma laboral del PP – no gusta nada a los sindicalistas.

“Las inaplicaciones se han convertido en la casa de Tócame Roque”, ha ejemplificado este viernes el secretario general de CCOO, Unai Sordo, quien además se ha mostrado a favor que PSOE y Unidas Podemos negocien por su cuenta una subida del salario mínimo hasta los 1.000 euros, aunque con matices.

En la presentación de un estudio sobre el recurso a la inaplicación de convenios colectivos desde 2010, Sordo ha exigido a Pedro Sánchez que derogue la legislación actual en esta materia, que sufrió modificaciones de calado en las reformas laborales socialista de 2010, y sobre todo, ‘popular’, de 2012.

Dos son los aspectos centrales de la nueva legislación que desagradan a los sindicalistas. Por un lado, que se pueda dejar de aplicar el convenio por causas distintas a las económicas. Y que, en ausencia de representación sindical, sean unas comisiones ad hoc las que se encarguen de simular, en su opinión, los acuerdos con la representación de los trabajadores.

En la práctica, según CCOO, estas comisiones representan la exclusiva voluntad del empresario. Y dificultan además el control de la veracidad de las causas alegadas por el empresario para incumplir el convenio colectivo.

“Son un boquete al fraude”, ejemplifica la número dos del sindicato Mari Cruz Vicente durante la presentación del estudio.

Uno 350.000 afectados

En cifras, las inaplicaciones o descuelgues del convenio colectivo de referencia han afectado desde 2010 a unos 350.000 trabajadores, la mayor parte a partir de 2012, y especialmente desde 2013, cuando se produjo un boom en el recurso a esta herramienta laboral, que tras años descendiendo, ha vuelto a repuntar este año 2019.

Un 70% de las inaplicaciones han sido negociadas por estas comisiones ad hoc, cuyo papel critica Comisiones Obreras. La mayor parte se realizan en pequeñas o muy pequeñas empresas. Y los sectores más afectados son la hostelería, el comercio, la industria sidero metalúrgica, y la construcción y obra pública.

En cuanto a los territorios, tres comunidades autónomas se llevan la palma, como son Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña, con más de la mitad de los casos sobre el total.

Ilegal carácter retroactivo

Entre las numerosas “anomalías” detectadas por el sindicato, destacan el carácter retroactivo de los descuelgues en el 44% de los casos, a pesar de estar absolutamente prohibido, según revela el estudio de la estadística Regcon del ministerio de Trabajo. O el hecho de que casi un tercio no prevean fecha de finalización; lo que permite que se perpetúen en el tiempo

las bajadas de salario y el resto de recortes que supone una inaplicación.

Y otros casos llamativos, aunque estos fueron finalmente parados por la Inspección. En 2013, más de un centenar de farmacias de Andalucía presentaron a la vez un descuelgue para bajar sueldos, todas ellas firmadas por un mismo asesor externo.

Un intento de fraude, en opinión del sindicato, y un campo abonado al abuso por una normativa que premia la “competencia desleal” que ejercen las “peores empresas”, subraya Sordo.

Conformes con la subida del salario mínimo

Sordo además ha terciado sobre otra polémica que sobrevuela las negociaciones para la formación del nuevo Gobierno. Preguntados sobre su conformidad sobre que sean los partidos políticos, y no los sindicatos, los que estén negociando una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha afirmado que le parece “perfecto” que el socialista Pedro Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, negocien un marco general de subidas de este salario mínimo, siempre que luego se llame a los sindicatos para terminar de concretar la medida.

Sordo se ha mostrado conforme con que ambas fuerzas políticas aspiren a subir el salario mínimo hasta el 60% de la media salarial, que en España se sitúa, ha precisado Sordo, en un “poquito” más de 1.000 euros; y no en los 1.200 euros de los que se está hablando en torno a esta negociación.