El Parlamento Europeo y los gobiernos de la UE han llegado a un acuerdo sobre los primeros criterios europeos para identificar qué inversiones pueden ser consideradas como ‘verdes’ y para combatir el llamado ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico, es decir, que se anuncien como sostenibles actividades económicas que en realidad no lo son.

Los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la UE (los países) han pactado la normativa que establece estos requisitos y que ahora debe ser aprobada por las dos instituciones antes de que entre en vigor.

En concreto, la ‘taxonomía verde’ establece seis objetivos medioambientales que deben ser considerados al evaluar si una actividad actividad es sostenible o no. Son la mitigación y la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición a una economía circular, la prevención y el control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad.

Así, para que una actividad sea considerada como sostenible para el medio ambiente debe contribuir «sustancialmente» al menos a uno de los anteriores objetivos y no causar un prejuicio a ninguno de ellos.

El Parlamento Europeo ha explicado que el acuerdo no recoge una lista ‘negra’ de tecnologías o sectores dañinos para el medio ambiente más allá de combustibles fósiles como el carbón. La producción de gas y energía nuclear, por su parte, no están específicamente excluidas de la normativa.

Esto supone que ambas actividades podrían ser etiquetadas como una actividad «de transición o facilitadora» que cumple «totalmente» con el objetivo de no producir un daño «significativo» sobre el medio ambiente.

No obstante, el texto pactado señala que estas actividades o inversiones clasificadas como «de transición» no podrán perjudicar el desarrollo de otras bajas en carbón ni contribuir a la perpetuación de las tecnologías basadas en el uso intensivo del carbón.

La Comisión Europea se encargará de actualizar de manera regular los criterios técnicos que definen las actividades «de transición» o «facilitadoras». Bruselas deberá además revisar para el 31 de diciembre de 2021 los criterios generales y definir otros para identificar actividades que tienen un impacto negativo importante sobre la sostenibilidad.