Pese a que las etapas en el proceso de concesión de los aeropuertos de Barajas y El Prat se cumplen “escrupulosamente”, la Cámara de Comercio de Barcelona está preocupada porque ni Aena Aeropuertos ni el Ministerio de Fomento concretan las funciones del órgano que realizará la concesión, instancia en la que la institución que preside Miquel Valls reclama un puesto.

Aena y el ministro Blanco han avanzado que la sociedad que debe velar y controlar la adjudicación de los aeropuertos de El Prat y Barajas se creará en el último trimestre de este año y que en este organismo se integrarán representantes de la empresa pública que gestiona los aeropuertos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de otros agentes económicos y sociales. La importancia de este órgano estriba en que deberá acordar con la empresa concesionaria de la explotación de El Prat la estrategia comercial del aeropuerto. De ahí el interés de la Cámara barcelonesa, muy implicada en la promoción de rutas internacionales.

La Cámara afirma que más allá de lo que califica de “declaración de intenciones”, la última comisión bilateral Estado-Generalitat catalana encargada de los traspasos acordó que el órgano de gobierno de la sociedad de vigilancia de la concesión de El Prat estuviera formado por 9 miembros: 4 nombrados por Aena, dos por la Generalitat, 1 por el Ayuntamiento de Barcelona, 1 por los ayuntamientos de El Prat, Sant Boi y Viladecans y el último que surja de la denominada “sociedad civil y mundo empresarial”. Para la institución camaral barcelonesa, esto es una “indefinición”, razón por la que ha emitido un comunicado en el que reclama “la completa concreción por parte del Ministerio de Fomento de las funciones del órgano responsable de la ejecución de la concesión del aeropuerto de Barcelona-El Prat”, así como su participación en el gobierno de la nueva sociedad.

La institución que preside Miquel Valls alega que le corresponde la representación de la sociedad civil y el mundo empresarial en el órgano de vigilancia aeroportuaria, “atendiendo a su naturaleza de corporación de derecho público” y “el liderazgo y el compromiso activo mostrado con el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Barcelona”, organismo que se constituyó hace 6 años conjuntamente con la Generalitat, Aena y el Ayuntamiento de Barcelona para promover entre las compañías aéreas vuelos internacionales desde Barcelona, principalmente transoceánicos.

Respecto al proceso de concesión del aeropuerto, la Cámara considera que son “muy exigentes” los plazos (del 30 de julio al 5 de septiembre) y los requisitos para acreditar la aptitud técnica y económico-financiera para las compañías que opten, por lo que prevé “una reducida cantidad de candidatos en el proceso”. En el requisito sobre la aptitud técnica, Aena pide experiencia en gestión de aeropuertos o terminales de aeropuertos con un tráfico total superior a los 25 millones de pasajeros en el año 2010. En lo concerniente a la aptitud económico-financiera, las empresas candidatas a la explotación aeroportuaria deberán acreditar unos activos totales en balance por importe igual o superior a 3.000 millones de euros.

La Cámara de Comercio de Barcelona denuncia que estos requisitos limitan la oferta, ya que en 2010 sólo hubo 53 aeropuertos en todo el mundo con un tráfico superior a 25 millones de pasajeros, de los cuales sólo diez fueron europeos, incluidos los de Madrid y Barcelona. De estos “top diez” aeropuertos europeos, actualmente tres están gestionados por empresas privadas (Heathrow, Fiumicino y Gatwick), con participaciones superiores al 90% en los tres casos. Los otros siete están en manos de gestores participados mayoritariamente por el sector público (Charles de Gaulle, Frankfurt, Madrid, Amsterdam, Munic, Barcelona y Orly con participación claramente superior al 50%).

Una vez completado el proceso de concesión de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, esta repartición se igualará, con cinco aeropuertos con gestores privados y cinco con gestores controlados por el sector público.