El Gobierno completa la transposición de la Directiva sobre servicios de pago, conocida como PSD2. El Consejo de Ministros ha adoptado el Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico de estas entidades. Y está prevista la inminente aprobación de una Orden Ministerial que desarrolla sus exigencias de transparencia.

Estas normas completan el Real Decreto-ley de servicios de pago y otras
medidas urgentes en materia financiera aprobado a finales del pasado año,
en el que se recogían las principales disposiciones de la Directiva.

La transposición al ordenamiento jurídico español supone un avance sustancial en la regulación de estos servicios porque refuerza la seguridad y transparencia, fomenta la innovación garantizando la protección de los usuarios, favorece la competencia y armoniza la prestación de este servicio en la Unión Europea.

El nuevo marco jurídico regula los servicios de pago a través de los cuales
los clientes pueden efectuar y recibir pagos, ya sea mediante una cuenta
o utilizando instrumentos o procedimientos como las tarjetas, los códigos
QR o la iniciación de pagos (intermediarios que garantizan el pago del
consumidor al comerciante como alternativa a los pagos con tarjetas),
incluyéndose también la retirada de efectivo en cajeros.

Estas normas introducen cambios relevantes para ciudadanos,
comerciantes y operadores financieros. En el caso de los ciudadanos se
incrementa la seguridad en la contratación de nuevos proveedores y se
aumenta la información de los contratos suscritos y las operaciones
realizadas. Para los comerciantes se mejora la transparencia
estableciéndose la información que deben recibir de todas las operaciones
de pago en las que intervengan. Finalmente, para los operadores
financieros se concretan los requisitos para la prestación de estos
servicios.

Competencias para el Banco de España

El Real Decreto desarrolla el régimen jurídico de las entidades de pago, el
régimen específico de los nuevos proveedores y las competencias del
Banco de España en materia de autorización y registro.

De forma específica mejora la protección de los clientes de servicios de
pago actuando en tres ámbitos:

1.-se establece un procedimiento de autorización para los iniciadores y de registro para los agregadores de pagos, que pasarán a ser regulados y supervisados por el
Banco de España.

2.-se aumentan los requisitos de seguridad en la prestación de estos servicios. Las entidades de pago deberán disponer de una política de seguridad y un procedimiento para la supervisión, tramitación y seguimiento de los incidentes de seguridad y las
reclamaciones de los usuarios.

y 3.- las entidades de pago y dinero electrónico que concedan
créditos deberán cumplir la normativa de transparencia bancaria, lo que
redundará en una mayor protección para los clientes de servicios de pago
que adicionalmente soliciten un crédito.

Para asegurar que las entidades de pago cumplen las normas de conducta,
transparencia y protección establecidas, el Real Decreto establece que el
Banco de España podrá solicitar la información que considere necesaria.

El nuevo marco jurídico de autorizaciones que se establece en
el Real Decreto favorece la competencia ya que permite la prestación de
nuevos servicios y la incorporación de nuevos proveedores para su
prestación. De forma específica, las entidades de dinero electrónico
podrán realizar servicios de pago en las mismas condiciones que las
entidades de pago.

Finalmente, se sigue avanzando en el fomento de la innovación en los
servicios de pago, uno de los principales objetivos de la Directiva
comunitaria. Para ello se establece el procedimiento de registro sin
necesidad de autorización para las entidades de pago de pequeño tamaño
(las denominadas Small Payments Institutions), lo que favorecerá la
aparición de empresas innovadoras.

Orden Ministerial, en «próximos días»

La transposición de la Directiva de Servicios de Pago se completará con la
aprobación de una Orden Ministerial en los «próximos días». La Orden incluye elementos adicionales para aumentar la protección de los usuarios. Así, se establece como novedad que los requisitos de información son de obligado cumplimiento cuando los usuarios sean un consumidor o una microempresa.

Se regula por primera vez la información que los proveedores de servicios
de pago deben facilitar a los usuarios, en particular la que deben entregar
a los clientes al prestar el servicio de iniciación de cuentas. Finalmente se
establece qué entidades tienen la obligación de mantener un servicio de
atención al cliente.